Todos somos esclavos de la ley, decía Cicerón, para poder ser libres. Por desgracia, la sentencia de Cicerón, en España, no podemos aplicarla a los nacionalistas vascos. Esta gente no sólo no se ha sometido a la ley, sino que su primera pretensión es matarla. Su comportamiento es salvaje. Sin embargo, lo extraño, lo realmente alarmante, es que esta obviedad no ha sido corregida por el famoso “Estado de Derecho”. Más aún, ha sido ocultada por los partidos políticos nacionales desde 1978 hasta hoy.
Todos los partidos políticos, excepto el PP durante la segunda etapa del Gobierno de Aznar, jugaron al idealismo embaucador y perverso del “como si”. Pensemos y actuemos “como si” los nacionalistas respetasen España y el Estado de Derecho. Naturalmente, de paso, intentamos sacar votos de esta indigna colaboración. Nunca se ha querido reconocer que el nacionalista se define formal y materialmente matando a España, a la Nación, que le da vida. Parecía que a los partidos políticos nacionales les faltase coraje moral suficiente para combatir el comportamiento criminal de los nacionalistas.
Por todo eso, actuar y relacionarse con los nacionalistas de acuerdo a un programa idealista ha sido un suicidio lento pero seguro para España. El idealismo con los nacionalistas es un veneno, un sin-sentido, que no sólo nos conduce a la mentira en términos argumentativos, sino al abismo oscuro y viscoso de unas elites políticas que parecen están al margen de la historia y de los ciudadanos que pretenden representar. No me importa ahora analizar el miedo, la cobardía, la estulticia y otros tantos motivos de ese jaez, que han llevado a los políticos profesionales a la ocultación del problema, cuando no a su colaboración, sino levantar acta de la perplejidad que ha producido siempre esta tropelía en los ciudadanos españoles.
Si todo se sabe, preguntan estupefactos los ciudadanos, ¿por qué los políticos no aplican contra el nacionalismo el Estado de Derecho?... Lo cierto es que el nacionalismo persiste en matar la Ley, en aprobar ilegalmente y con todo tipos de trampas un plan para separarse de España, y Rodríguez Zapatero, en una actitud que recoge y amplía todas las miserias de los políticos profesionales de los últimos 25 años, recibe a un “presunto delincuente” con el ánimo de que la ciudadanía siga peor que perpleja, estupefacta e inmovilizada, ante la desfachatez del presidente del Gobierno. España puede desaparecer, parece balbucearnos Zapatero, pero nos protege la Ley. Falso, protege a quien no la respeta, ampara a quien no la cumple. La Ley, según Zapatero, es un veneno para quien la respeta.
Por fortuna, ha tenido que ser el Foro de Ermua, una asociación cívica ejemplar, quien haya venido a decirle Zapatero, y de paso darle ánimos a los españoles: cuidado, presidente, con el recibimiento a Ibarretxe. Ojo, señor, está usted recibiendo a un presunto delincuente. Ojo, señor, que podría usted verse envuelto en un problema. Cuide, pues, sus relaciones con alguien que puede ser juzgado por “haber conspirado para cometer rebelión”. Éste es, precisamente, el delito del que la genial, inteligente y de un coraje civil envidiable iniciativa del Foro de Ermua acusa al lehendakari, Ibarretxe, en una querella que presentará contra él y quienes han colaborado o estimulado un programa secesionista y conspirativo contra el Estado de Derecho del Gobierno vasco. La legalidad de un Estado de Derecho ya no debería amparar por “motivos” electoralistas o personales la ilegalidad nacionalista.