Jaime Mayor Oreja dice que el proceso de negociación entre el Gobierno y ETA está estancado o, lo que es lo mismo, ha fracasado, pero los actores del mismo no saben cómo salir de la situación. Llegados a este punto a todas luces ridículo, según Mayor Oreja, el Gobierno sólo tiene una salida airosa que es la vuelta al Pacto Antiterrorista y por las Libertades y no llevar a cabo ningún tipo de política antiterrorista sin el consentimiento del PP. Ojala fuera verdad esta visión. En buena lógica democrática quizá no exista otra opción que la prevista por Mayor Oreja. Nada me gustaría más que creer a este prudente político, porque eso significaría que este país vuelve a la normalidad democrática.
Sin embargo, hay pruebas evidentes de que el Gobierno sigue empeñado en seguir ese proceso de negociación, que ha devenido un fracaso para cualquier observador imparcial, entre otras razones, porque nunca se han cumplido las dos exigencias que el propio Gobierno se impuso a sí mismo en el Congreso de los Diputados, el 22 de marzo de 2006, para negociar con los terroristas, a saber, verificar el cese de toda violencia y comprobar la buena fe de la banda por abandonar definitivamente las armas. Pero si a pesar de que ninguna de esas condiciones han sido satisfechas y a pesar de que las víctimas y el PP están en contra del proceso, o sea, si a pesar de todo el Gobierno sigue empecinado en seguir negociando con ETA, entonces tendremos que decir que esa es la mejor prueba de que el Gobierno quiere desestabilizar el régimen democrático. En el colmo del cinismo democrático, el PSOE ha llegado decir que si fracasa la negociación con ETA, la responsabilidad recaerá sobre el PP y no sobre los asesinos. Terrible.
La relación del Gobierno con ETA, bajo la retórica de una paz de cementerio, no es, pues, una política más o menos coyuntural para conseguir más votos que le hagan alcanzar la mayoría absoluta, sino la base para sacar de pista al PP. Las descalificaciones, vídeos, ninguneos y otras perversidades dirigidas al PP por el PSOE son sólo adornos de esa política básica, que consiste en sacar al PP del sistema política al precio de pactar con ETA. Por supuesto, sólo en ese marco se entiende, por un lado, el afán del Gobierno por desprestigiar a las víctimas del terrorismo y, por otro lado, conceder a los terroristas unos valores de paz que sólo están en la mente truculenta de un Gobierno llegado tres días después de un brutal atentado terrorista. Los vínculos entre ETA y el Gobierno empiezan a ser obvios pero, por desgracia, creo que el PP aún no se ha percatado de la gravedad de este asunto o, peor aún, hace como si eso fuera un escenario irreal, que terminará fracasando con sólo enfrentarle los deseos de moderación del pueblo español.
Me parece que eso no es suficiente. Tampoco parece realista o, al menos, prioritario sobre tan trascendental al asunto enfrentarle un modelo eficaz de Estado. Serio es, sin duda, plantear un modelo de Estado fuerte, como ha hecho el PP en su última Convención política, pero es un asunto menor comparado con el pacto entre ETA y el Gobierno. Creo que plantear la eficacia antes que la política, la utilidad social antes que la defensa de los principios democráticos, es errar el tiro o, peor, creer que el Gobierno no pretende cambiar las reglas de la democracia sin contar con la oposición. Creo que situar al mismo nivel la reforma de los Estatutos, propuesta por el Gobierno, para cambiar ilegalmente la Constitución, y la relación del Gobierno con ETA es una ingenuidad. Porque la reforma de los Estatutos, sin duda alguna, es dependiente de la negociación del Gobierno con ETA, es menester que el PP dedique los máximos esfuerzos a la defensa de la democracia y, sobre todo, a exigirle responsabilidades al PSOE por la destrucción del tejido democrático.
