Todo es claro y distinto en el suceso de Ceuta. Atengámonos al hecho principal y no entremos en valoraciones y discusiones derivadas de lo sucedido. Nada hay mejor para ordenar toda la hojarasca vertida sobre el asunto que seguir la primera declaración del presidente del Gobierno de España en su visita a la ciudad ceutí. España ha sufrido un ataque, dijo Sánchez, por la frontera de Ceuta. El "ataque (sic) es una violación de la integridad territorial de España". Las palabras de Sánchez son transparentes. Son un reflejo exacto del sentir y pensar de los ciudadanos españoles: España ha sido invadida por la frontera de Ceuta o, dicho con el lenguaje de Sánchez, violada su integridad territorial.
Después de hacer estas declaraciones, que han traspasado todas las fronteras nacionales y europeas hasta llegar a los últimos confines del mundo, el primer responsable de la defensa del territorio nacional, o sea de que España no fuera violada, se fue de vacaciones durante más de tres semanas, y aún no ha dicho esta boca es mía. Ha estado callado, mientras sus ministros y medios de comunicación afines generan engaños y mentiras sobre el suceso. Ese silencio es tan sospechoso como encanallado. Sin embargo, difícilmente borrará su declaración de "culpa", es decir, de no haber impedido la violación del territorio español. Las palabras de Sánchez ante los paisanos caballas son diáfanas. No dan lugar a interpretaciones ambiguas. Es menester repetirlas para que nadie las olvide: hemos sufrido "una violación de la integridad territorial de España". ¿Cómo borrar con otras frases una afirmación tan sentida y pensada, tan contundente y acorde, sin duda alguna, con la opinión de la absoluta mayoría de ciudadanos de España? Es imposible ocultar que la integridad territorial de España ha sido violada. Y la violación es reconocida, se dice pronto, por la persona que tenía por máxima misión cuidar la frontera de Ceuta.
Sí, quien tenía que impedir el ataque al territorio nacional, Sánchez, no sólo pregona su incapacidad para defenderlo, sino que también a renglón seguido, como también sabe el mundo entero, se marchó de vacaciones. Pareciera que está ocultando algo. Simula que aquí no ha pasado nada. ¿Quién podría dudar de que ese comportamiento entra en el tormentoso ámbito de las conductas desviadas de sus principales quehaceres y destinos? La conducta del presidente Sánchez bordea el delito. Ninguna persona con sentido común y tocada por una mínima experiencia moral –no toda persona es capaz de gozar de esa experiencia– podría ocultar que Sánchez se mueve en el proceloso terreno de decir una cosa y la contraria, o sea, de la traición a sí mismo y a sus ciudadanos, a su país. Traición. He ahí la palabra clave. Es la gran cuestión que nos plantea la violación del territorio español. De Ceuta.
¿Es posible acusar de traición a Sánchez? Eso parece. Quiero pensar que ya hay miles de ciudadanos, políticos y personas especializadas en el estudio del Derecho, especialmente del Derecho Constitucional, que estén planteándose la posibilidad de activar el artículo 102 de la Constitución. Confiemos en que, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso puedan estar moviéndose para llevar a cabo una acusación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por traición del presidente del Ejecutivo. La base de la acusación está a la vista de todos y ha sido reconocida por el propio Sánchez: el hecho de la violación del territorio español. Sí, del comprobable hecho –basta tener ojos para ver que cientos de miles de marroquíes han ocupado Ceuta– de la violación del territorio nacional se derivan preguntas sencillas para un lego en Derecho: ¿es suficiente ese hecho, repito, la invasión de miles y miles de marroquíes de la ciudad de Ceuta, para que un Alto Tribunal acepte juzgar a Sánchez por traicionar su principal función, a saber, defender la integridad del territorio nacional? Sí, sí y sí. Ésta es la categórica afirmación que he recibido de grandes juristas españoles, cuando les he formulado esa pregunta. Ninguno, dicho en corto y por derecho, ha descartado que ese hecho, la incapacidad del Gobierno para detener la violación del territorio nacional, pudiera ser utilizado para juzgar por traición al presidente del Ejecutivo. Al contrario, es la clave, no se necesita nada más para iniciar los trámites que lleven a Sánchez ante la Justicia.
Este cronista, lego también en procedimientos jurídicos, suspende su juicio sobre la viabilidad más o menos inmediata de aplicarle el artículo 102 de la Constitución a Sánchez, pero no renuncia a unirse a quienes el sentido común y moral les dicta su juicio político: Sánchez ha consumado la traición. Ahora, sí, falta que lo dictamine el Tribunal Supremo de España, pero antes es necesario que se movilicen en el Congreso de los Diputados, reitero, una cuarta parte de los miembros de esa Cámara... ¿Dónde están esos 88 diputados que activen la aplicación del 102 de la Constitución? Lo tienen fácil. Presenten las imágenes de las turbas de Marruecos invadiendo España y, de paso, muestren la inacción del Gobierno para impedirlo.