Uno de los requisitos para que un Gobierno pueda llamarse democrático es su respeto por los derechos humanos, a los cuales se les llamaba antes derechos naturales, pues son inherentes a la naturaleza del ser humano. A un Gobierno que viole repetidamente los derechos humanos no se le puede llamar democrático, aunque haya resultado ganador de unas elecciones.
Los principales derechos humanos, de los cuales derivan los demás, son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Sin embargo, en las últimas décadas han proliferado organizaciones y grupos que, bajo la excusa de la defensa de los derechos humanos, protegen a delincuentes y activistas dedicados a subvertir el orden público.
Hay quienes confunden la libertad de protestar con la impunidad para destruir propiedades ajenas y atacar físicamente a otras personas o a las mismas autoridades; así, cuando éstas les aplican sanciones gritan que se violaron sus derechos humanos. Esos provocadores profesionales encuentran eco en muchos grupos que se jactan de ser defensores de esos derechos, pero que más bien tienden a desprestigiar la verdadera necesidad de defender y garantizar esos derechos fundamentales.
En mi reciente libro, El derecho como base del crecimiento económico, demuestro que en aquellos países donde se respetan los derechos humanos se alcanza un mayor crecimiento económico. En los totalitarismos, donde se pisotearon los derechos de los ciudadanos a la vida, a la propiedad y a la libertad, tuvo lugar un menor desarrollo durante el siglo XX.
Defendámoslos, pues, en el buen sentido, pero no los politicemos, ni los manipulemos, ni le demos carta blanca e impunidad a delincuentes, provocadores y manifestantes profesionales, quienes bajo una falsa interpretación de la defensa de los derechos humanos violan los derechos humanos de los demás. Aquellos grupos que protegen a radicales y delincuentes bajo la bandera de los derechos humanos han provocado que la mayoría de la población no se tome en serio a muchos organismos internacionales y a ciertas dependencias gubernamentales que dicen defenderlos.