Más de la mitad de lo que ganamos pasa a poder de los políticos y mucho de lo que ahorramos, también pasa a las cajas, manejadas por los políticos. Y cuando tenemos conflictos, jueces al servicio de los políticos, un crimen contra la democracia.
España necesita un cambio, no un zurcido, no un paripé. La democracia española necesita un cambio de fondo si quiere seguir siendo democracia. Ya hay demasiadas evidencias encima del tapete como para seguir creyendo que la Constitución es la mejor de todas las posibles. Fue la primera Constitución, tras la de Cádiz, que no fue pensada para destrozar a los adversarios y eso fue un mérito notable. Fue la primera Constitución en buscar la cabida de todos en su seno y eso es otro notable acierto. Pero con ella, con su texto, no hemos ido caminando hacia la democracia sino derivando hacia despotismos varios y hacia la oligarquización general de la vida económica y política. Los ciudadanos de a pie que se ocupan en sus cosas están cada vez más lejos de la política, de los intereses generales y de la propia identidad nacional española. Necesitamos un cambio, pero no sólo un cambio de partido. Necesitamos un cambio radical, que vaya a las raíces de los males de una patria que no se defiende a sí misma y de unos ciudadanos que cada vez la sienten menos como propia.
Los partidos se han apoderado de la vida política nacional y los ciudadanos cada vez más aceptan su papel cero en las grandes decisiones nacionales en un momento en el que las nuevas tecnologías permiten mayor información que nunca jamás y por ello, la emisión de juicios con más fundamento que nunca antes. Vamos a votar cada cuatro años o tres o dos, según coincidan o no diferentes elecciones y luego, se acabó lo que se daba. Los matices –el diablo está en los matices, no se olvide– quedan en manos de los políticos que se entienden entre ellos o discrepan entre ellos, pero no con la gente. En ellos crece el miedo al ciudadano, a su palabra, a sus razonamientos. Y el amor a su bolsillo. Impuestos, tasas y más impuestos y más tasas sin control alguno. Como el ciudadano individualmente no comprende que todos sus iguales juntos son muchos millones, no calcula de cuántos euros van las cosas. Pero son muchos. Más de la mitad de lo que ganamos pasa a poder de los políticos y mucho de lo que ahorramos, también pasa a las cajas, manejadas por los políticos. Y cuando tenemos conflictos, jueces al servicio de los políticos, un crimen contra la democracia. Los españoles no podemos defendernos del Gobierno ni de los partidos.
En la economía, las grandes empresas, enormes organizaciones siempre piramidales y jerárquicas por mucho que, como la mona, se vistan de seda, extraen el jugo a la gente sin miramiento, sin obligaciones, asentados en contratos de adhesión, o sí o sí. Me contaba ayer un amigo de un pueblecito de Sevilla que se le había estropeado el módem de internet en estado de garantía y que no había forma de conseguir que Telefónica le considerara sujeto de un derecho. Los billetes, antes gasto de las empresas de aviones, trenes y autobuses, los pagamos todos cuando hacemos la compra por internet: con nuestra impresora, con nuestro papel y con nuestro tiempo. Se va la luz y nadie es capaz de preguntarle por qué a la empresa y desde luego, la empresa suministradora no paga el daño ocasionado al interrumpirse un trabajo en internet o por haberse borrado lo que hacíamos en la pantalla. ¿Por qué pagamos un internet tan caro y tan lento cuando ya hay países que andan por 100 megas o más de velocidad? ¿Es que acaso estamos capitalizando con nuestro dinero y sin otra cosa que una apariencia de competencia, a las empresas o, mejor dicho, a la Empresa? Los españoles no podemos defendernos de los grandes poderes económicos.
Se habla de masas, de clases, de pueblos, de conjuntos... Pero nadie habla, o muy pocos, de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer que cada uno de los españoles sea más libre, tenga más oportunidades, adquiera mayor conocimiento? La política no da la felicidad, no es su misión. La misión de la política es administrar rectamente lo que los escolásticos llamaban el bien común. Es lo común, pero luego está lo personal, lo propio, lo individual y eso es cosa de cada cual. Pero, ¿quién hace propuestas para elevar el poder del ciudadano, para enriquecer su libertad, para propiciar su autonomía, no su dependencia, y su capacidad para crear, organizar y criticar? Por ejemplo, ¿por qué no podemos decidir el destino de la mayoría del montante de nuestros impuestos? No sólo si va a no a la casilla de la Iglesia. También a los sindicatos, a las organizaciones patronales... ¿Por qué no puede exigirse la presencia de una competencia real y veraz entre grandes y pequeñas empresas en vez de abundar en el contubernio política-empresarios siempre con el objetivo de acabar con los adversarios?
En una tarde de domingo, lluviosa y desapacible, se cae en la cuenta de que esto no va bien. La democracia española ha perdido el norte y necesita un cambio. El PP es el partido que tiene en sus manos la posibilidad de liderar ese cambio. No es un cambio menudo ni es un cambio de cromos. Es un cambio esencial en el funcionamiento de la democracia en España: el cambio hacia la libertad de sus individuos, es decir, a aumentar el poder de los individuos en una organización política del Estado antes que su sometimiento o sumisión. Es un cambio a menos Estado y más sociedad, a menos poder de las oligarquías y más poder para la gente. Es una premonición. O se hace cuanto antes o el caos. Incluso en el PP y a no mucho tardar.
