Aunque todos los ciudadanos debamos estar de enhorabuena por la decisión del Tribunal Supremo de anular todas y cada una de las candidaturas de Bildu, debemos felicitar, en primer lugar, a las víctimas del terrorismo. Ellas han sido las que han liderado esta rebelión cívica y democrática en defensa de nuestro Estado de Derecho tanto como de la memoria, dignidad y justicia que merecen todos los caídos por el terrorismo. Sin esa rebelión cívica, a la que se han sumado algunos medios de comunicación y algunos partidos políticos, el Gobierno de Zapatero muy probablemente seguiría instalado en la inaceptable bienvenida que dispensó, en un primer momento, a los apenas maquillados proetarras de Sortu. Sin la voz de exigencia de las víctimas, el Gobierno no se habría visto forzado a cambiar paulatinamente su valoración inicial hasta, finalmente, permitir que el Tribunal Supremo no sólo se pronunciara sobre la legalidad de esos apenas disimulados herederos de Batasuna, sino también hacerlo sobre Bildu, maquillado plan B con el que los proetarras trataban igualmente de burlar la Ley de Partidos.
Es cierto que la forma en la que el Gobierno y su dependiente Fiscalía han permitido esta vez a la Justicia pronunciarse ha sido la de ir a remolque y bajo una presión ciudadana que así se lo exigía. Y es cierto que el Gobierno lo ha hecho también, no contra Bildu en sí, sino contra sus candidaturas, lo que ha facilitado, desgraciadamente, que nueve magistrados votaran en contra y uno considerase que algunas de las candidaturas debían anularse y otras no. Pero no es menos cierto, y desde luego resulta mucho más decisivo, que para una mayoría de magistrados "lo que se está dilucidando en las presentes actuaciones es la participación en el proceso electoral aquí concernido de una coalición que, según consideramos probado, se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de la banda terrorista ETA y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas".
Por ello, aunque el "cauce simulado y fraudulento" que los magistrados consideran como "probado" no sean, una a una, todas y cada una de las 254 candidaturas, y sí la coalición a la que todas ellas pertenecen, la sentencia ha conllevado la anulación de todas ellas, lo cual no solo es acorde al derecho y al sentido común, sino un homenaje al espíritu y a la letra de la Ley de Partidos.
Esperemos que el Tribunal Constitucional preserve, desde el punto de vista procesal, el buen entendimiento del que han dado muestra la mayoría de los magistrados del Supremo, y que el triunfo de las víctimas sea tan definitivo como lo debe ser la frustración de sus verdugos. Confiando que así sea, las víctimas deben sentirse animadas a seguir liderando esa lucha cívica y democrática, que no trata de impedir sólo que ETA vuelva a las instituciones, sino también que sus crímenes sean impunemente olvidados, con la excusa –real o inventada– de que no ya no va a volver a cometerlos.