Sabemos que desde 2002 pesa contra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo por ser presunto inductor de la masacre en la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por la banda terrorista ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88, dos de las cuales eran mujeres embarazadas que también perdieron a sus hijos en gestación.
Sabemos que el artículo 408 de nuestro supuestamente vigente Código Penal dice literalmente que "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Sabemos que el gobierno de Zapatero perpetró de forma continuada ese delito con Ternera desde que el presidente de los socialistas vascos, Jesus Eguiguren, lo confesara públicamente al decir que, entre cafetito y cafetito, hacía llegar al terrorista mensajes del entonces presidente del Gobierno.
Sabemos por la prensa, tanto nacional como extranjera, que Ternera desde entonces no se ha escondido en lugares especialmente recónditos del planeta, sino que ha vivido plácidamente en una localidad francesa tan cercana a la frontera española como es el pueblo de Durban sur Aziere. Sabemos que desde allí se ha desplazado tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega, país que lo expulsaba hace unos meses junto con otros terroristas, también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada "Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco" que lidera Ram Manikkalingam.
La Razón asegura este lunes que el terrorista habría huido hace unos días del pueblecito cercano a los Pirineos en el que vivía al descubrir o ser alertado de que la policía por fin lo iba, supuestamente, a detener.
El caso es que Ternera sigue sin ser detenido. Y lo que no sabemos es si la clamorosa y exhibicionista impunidad del terrorista se debe a una inconmensurable incompetencia del Gobierno de Rajoy o, lo que es peor y mucho más probable, a una complicidad impuesta por la envilecedora lógica del apaciguamiento, muy similar a la del Gobierno de Zapatero.
Sea como fuere, en cualquier país seriamente comprometido, no con el apaciguamiento, sino con la lucha antiterrorista y con el Estado de Derecho, el ministro del Interior habría tenido que presentar su dimisión o, cuando menos, dar muchas explicaciones por tamaña y continuada incompetencia a la hora de detener a uno de los terroristas supuestamente más buscados. Aquí, sin embargo, al ministro ni siquiera se le pregunta. Ese es el trato que las élites políticas y mediáticas de nuestro país otorgan a la memoria, a la dignidad y a la justicia de las víctimas del terrorismo.