El 20 de octubre de 2011 un grupo de rebeldes armados capturó a Muamar Gadafi en una alcantarilla en la que se había escondido después de que su convoy fuera bombardeado por aviones de la Alianza Atlántica. Gadafi intentaba salir de Sirte, su ciudad natal y plaza fuerte de las fuerzas que se le mantenían leales, pero los milicianos no tardaron en localizarlo. A continuación fue asesinado, no sin antes hacerle objeto de cruentas y humillantes torturas, y su cuerpo fue exhibido como escarmentoso trofeo. Según la organización Human Rights Watch, la misma suerte corrieron su hijo Mutasen y otros 66 miembros de su escolta, ejecutados a sangre fría en los jardines de un hotel.
A pesar de que la autoridad interina, el Consejo para la Transición Nacional, prometió investigar estos asesinatos y detener a los culpables, los responsables jamás fueron puestos a disposición judicial, a pesar de ser bien conocidos y haber dejado su firma en los muros del hotel en el que se produjo la matanza. El mensaje lanzado con esta actitud fue que los grupos islamistas enseñoreados del país estaban por encima de la ley y ponían imponer sus dictados por la fuerza.
Dos años después de la desaparición de Gadafi, las cosas no han experimentado ninguna mejoría apreciable. Libia es hoy un país en el que las fuerzas de seguridad no son capaces de imponer el respeto a la ley y en el que el primer ministro puede ser secuestrado impunemente sin que los responsables sufran las consecuencias. Ocurrió el pasado día 10, cuando Alí Zidan estuvo durante unas horas retenido por uno de los muchos grupos armados que siguen operativos. La propia víctima del secuestro lo calificó como "golpe de Estado". El grupo que se responsabilizó del rapto es la llamada Sala de los Revolucionarios Libios, milicia autorizada por los ministros de Defensa e Interior para garantizar la seguridad en las calles de la capital. Si el primer ministro es incapaz de castigar a los responsables de su secuestro, protegidos por miembros de su Gabinete, es fácil suponer el clima de impunidad en el que los grupos islamistas operan a lo largo y ancho del país, convertido ya de hecho en una plataforma para el aprovisionamiento y reclutamiento de yihadistas de las distintas franquicias que actúan en Oriente Medio.
Una prueba de que Libia lleva camino de convertirse, si no lo ha hecho ya, en un santuario terrorista es el reciente apresamiento en Trípoli de Abú Anás al Libi, destacado líder de Al Qaeda, por parte de un comando de las fuerzas especiales norteamericanas. La presencia en la capital libia de altos dirigentes del grupo terrorista fundado por Osama ben Laden dice mucho de las características actuales de un país en manos de una multitud de facciones armadas, que siguen luchando entre sí dos años después de la desaparición del dictador.
Con un Gobierno provisional sin capacidad para imponer las mínimas garantías jurídicas necesarias para llevar a cabo las profundas reformas que precisa un país devastado, y sin instituciones estables y representativas, la instauración de una democracia homologable a los usos occidentales sigue siendo a día de hoy una quimera. Los defensores de la libertad y de los principios democráticos están hoy tan solos como cuando vivían bajo la mano de hierro del dictador. En el segundo aniversario de la desaparición de Gadafi, el pueblo libio tiene bien poco que celebrar.
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