Mientras el joven Sánchez acusa a Rajoy de inmovilista por viejo, los que se mueven, y de qué modo, son los correligionarios del socialista en el país vecino. Dos hombres maduros, como Hollande y Valls, han conseguido que la Asamblea francesa apruebe una reducción de las regiones, que pasarán de 22 a 13 en los próximos años. Forma parte esta medida de un plan más amplio para reducir el gasto público y el déficit, cuestiones éstas que al rejuvenecido PSOE igual le parecen manías de abuelo cebolleta, por no decir obsesiones austericidas de la rancia derecha. En fin.
El nuevo mapa de la administración territorial francesa implica una reorganización de municipios y departamentos, el equivalente de nuestras provincias, y una supresión de órganos de gobierno en los dos ámbitos. No ha habido allí ningún grupo parlamentario que se manifestara en contra de poner límites al gasto de la Administración, a las duplicidades y al exceso de cargos públicos, aunque se discuten, cómo no, los detalles. Al respecto, conviene notar algo que dijo el ministro del Interior en el debate en la Asamblea:
Nuestro objetivo no es crear regiones identitarias, como ocurre con Cataluña en España, Piamonte en Italia o Baviera en Alemania.
Ya me gustaría que sólo hubiera una región identitaria en España, como me gustaría que las que más enfatizan su identidad mostraran la misma lealtad constitucional que Baviera. Nuestras regiones superidentitarias han construido su identidad en oposición frontal y absoluta a España. La cuestión, no obstante, es que no ya una reforma sino una discusión como la que ha habido en Francia sobre las regiones sería entre nosotros imposible. Aquí se puede, y con precaución, hablar de reformas en la esfera local, pero de reorganizar las autonomías, ¡eso ni en broma!
El diseño del Estado autonómico español es uno de los capítulos más extravagantes de nuestra democracia. Quien lea el Informe sobre España de Santiago Muñoz Machado tendrá que suscribir su juicio en ese punto:
El nuevo Estado se estaba constituyendo de abajo arriba y sin que nadie hubiera fijado un patrón. Se lo estaban inventando las representaciones territoriales de los partidos, cuya influencia sobre sus jefes estatales resultaba irresistible.
La única pauta de racionalidad que podía encontrarse en tal proceso, dice el autor, era
que los dirigentes territoriales que participaban en los proyectos de estatuto querían todos imitar el modelo catalán, para no ser menos.
Lógica ésta que continuaría presidiendo el desarrollo de las autonomías hasta los llamados estatutos de segunda generación. Muñoz Machado sabe de qué habla; fue uno de los miembros de una comisión constituida en 1981 por acuerdo del Gobierno de UCD y del PSOE para tratar de poner algo de orden en el caos. "Nos llamaron porque nadie entendía el Título VIII", dijo en una entrevista reciente. Así las cosas, lo que hoy se entiende demasiado bien es que no haya manera de abordar una corrección de los fallos y deficiencias del Estado autonómico. Es asunto tabú.