Desde el primer momento del atentado de este verano en Barcelona, cuando pareció que las fuerzas de seguridad habían actuado con la mayor de las diligencias, la policía autonómica se empeñó en ser la única responsable del buen hacer. Poco después empezaron a descubrirse errores, hasta que se llegó a la conclusión de que las cosas podían haberse hecho bastante mejor. No sólo, sino que fue la falta de pericia de los terroristas en el manejo de los explosivos caseros, y no la profesionalidad de los servicios policiales, lo que evitó que fueran muchas más las víctimas.
Pues bien, cuando son evidentes las carencias de nuestras policías, lo peor no es la torpeza con la que hayan podido comportarse; ni que la autonómica, dispuesta siempre a atribuirse honores y medallas, se sacudiera su responsabilidad atribuyendo los fallos a las nacionales. Lo peor ha sido el silencio del Ministerio del Interior. Ni le disputó el mérito a las fuerzas autonómicas cuando pareció que había alguno que apuntarse ni asumió posteriormente las acusaciones de incompetencia. Y está mal en los dos casos. El responsable de prevenir atentados terroristas es el Estado, no ningún Gobierno regional, por muchas competencias que se le hayan transferido. Si hay que poner bolardos en Las Ramblas para proteger a quien por allí deambule porque hay riesgo de atentado terrorista, se ponen, diga lo que diga una alcaldesa, que en temas de seguridad nacional no tiene nada que opinar. Y si no se ponen y por eso no se impide un atentado del que se temía que se estaba organizando, el responsable no es la alcaldesa, ni ninguna policía regional, sino las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo son para lo bueno y para lo malo.
El que no lo sean porque Cataluña tiene, mitad expresamente y mitad tácitamente, transferidas las competencias en materia de seguridad, incluyendo lo que se refiere a la lucha antiterrorista, que es asunto de seguridad nacional, revela un hecho inequívoco. Cataluña ha empezado, antes de celebrar ningún referéndum ni de aplicar ninguna ley de desconexión, a ser independiente. Y ha empezado a serlo a vista, ciencia y paciencia de nuestros gobernantes, por acción y por omisión. Así que estamos oyendo a los políticos de allí amenazando con que se van a ir y a los de aquí advirtiendo de que no lo van a consentir y resulta que ya se han ido sin que nadie haya hecho nada para impedirlo. Lo único que nos une es que los demás seguimos pagando sus facturas, entre otras las muchas que genera el que sean independientes de facto, mientras lo único que tienen ellos en común con el resto es que siguen pagando los mismos sangrantes impuestos que todos, aparte de a su malhadado Gobierno, a la misma sanguijuela que nos los cobra a nosotros. En lo demás, llevan tiempo disfrutando gozosamente de su independencia. ¿Qué clase de soberanía sigue ejerciendo el pueblo español sobre Cataluña, cuando nuestras fuerzas de seguridad no pueden allí ni siquiera combatir el terrorismo? No se trata pues de impedir que Cataluña se vaya, que ya ha empezado a irse, sino de recuperarla.