La peculiar forma de impedir la celebración de la ilegal consulta secesionista del próximo domingo –mantener en sus cargos a los cabecillas del golpe pero instar a sus subordinados a respetar el Estado de Derecho– no sólo no ha logrado que la Administración regional en rebeldía renuncie a consumar los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos que conlleva la celebración y hasta la mera convocatoria de dicha consulta, sino que ha alentado a los golpistas a perpetrar nuevos desmanes: ahí están el sedicioso llamamiento de Puigdemont del pasado miércoles, los preparativos de un enfrentamiento violento con las fuerzas del orden y el acoso a todo ciudadano disidente.
Habrá que confiar en que los nada confiables Mossos d’Esquadra cumplan la orden de la Fiscalía Superior de Cataluña de precintar todos los puntos de votación, designados por sus sediciosos superiores políticos, a fin de que no se pueda llevar a término la votación liberticida. Será necesario que ejecuten con la mayor probidad el control de los colegios, y que adviertan a los directores de los centros –dependientes de la no menos golpista Consejería de Educación– de las consecuencias que puede depararles el desobedecer la prohibición de ceder las llaves de los mismos.
Sin embargo, de lo que se puede estar seguro es de la intención de los golpistas de la CUP de exacerbar la tensión y, si se tercia, llegar al enfrentamiento con las fuerzas del orden. No otra finalidad persiguen los socios de Puigdemont con la creación de unos infames CDR (Comités de Defensa del Referéndum), que, en concordancia con los ominosos Comités de Defensa de la Revolución cubanos, pretenden señalar, perseguir y amedrentar a los disidentes. Es más: los batasunos de Cataluña quieren incluso okupar los colegios electorales para impedir que las Fuerzas de Seguridad puedan clausurarlos. Así las cosas, no es ni mucho menos descartable que el domingo arroje imágenes propias de una jornada de terrorista kale borroka.
Aunque un desafío institucional tan grave como el lanzado por Artur Mas en 2012 debió haber sido sofocado de inmediato, mediante la suspensión de toda Administración en manos de los golpistas, lo único positivo de esta crisis tremenda es que pone completamente al descubierto la naturaleza totalitaria y violenta de un proceso que no ha tenido en ningún momento otra finalidad que la voladura del Estado de Derecho. Algunos nacionalistas –exponentes de esa burguesía acomodada y beneficiaria del régimen nacionalista que se ha impuesto en Cataluña a lo largo de los últimos 40 años– creían y todavía creen que pueden embridar y domar el tigre revolucionario. Pero no se puede cabalgar a lomos de un tigre, y llegará el momento en que vean que tampoco cabe desmontarlo sin correr el riesgo de ser devorado.
En cualquier caso, ya es hora de restablecer en Cataluña el orden constitucional, lo cual exige más, muchísimo más, que impedir la celebración del pseudorreferéndum del domingo.