La democracia ha sido destruida en Cataluña. Y amenaza con extenderse por toda España. No se respeta la legalidad, el orden constitucional no rige en esa comunidad y los problemas de convivencia son cada vez más acusados. Los principales culpables de romper el orden democrático son los independentistas catalanes y sus socios de Podemos. Es obvia la repercusión que ya está teniendo en el resto de España el autogolpe de Estado de los secesionistas contra la autonomía política en Cataluña. Los peligros derivados de ese golpe ya se han trasladado al Congreso de los Diputados, institución central de la democracia española, que ha acogido una protesta, una acción gestual al margen de los procesos discursivos parlamentarios y rozando la violencia, contra el encarcelamiento de dos presuntos delincuentes políticos; he ahí la señal inequívoca de la metástasis del cáncer separatista catalán. Sí, que los secesionistas y Podemos pongan en cuestión el Estado de Derecho insinuando que el auto de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, responde a dictados ocultos del Gobierno, refleja el nivel de deterioro al que está llegando nuestro sistema constitucional. La mera violencia, la ilegalidad y el caos empiezan a cundir allá donde debería primar la palabra, la legalidad y el debate ordenado de intereses generalizables.
Por eso, es ineludible que el Gobierno restaure cuanto antes la democracia en Cataluña, y, además, es urgente que explique a los ciudadanos cómo lo hará. Una ciudadanía desarrollada democráticamente no puede vivir instalada en el temor y el miedo. Es necesario que el Gobierno hable y diga cuáles son sus planes. Toda España ha asumido que la aplicación del artículo 155 de la Constitución o cualquier otra medida será dura para todos. Nadie en su sano juicio democrático pondrá en cuestión que la monopolización por parte del Estado en general, y del Gobierno de España en particular, de los medios de aplicación legítima de la violencia es un logro de la civilización, pero ese poder monopolizador de la violencia legítima tiene que ser explicado continuamente para que no caiga en una retórica jurídica vacía, o peor, se convierta en la otra cara de los golpistas catalanes que renunciaron, hace muchos tiempo, a distinguir entre su violencia y matonismo por un lado, de la violencia legítima del Estado democrático por otro.
Ha pasado el tiempo de la paciencia y la contención contra los separatistas. Se han agotado todas las vías contra los sediciosos y estos no han rectificado ni una sola vez de sus conductas delictivas. Por lo tanto, se impone la vuelta a la legalidad a través, sí, de la vía coercitiva, y también de la explicación discursiva de esa opción en todos los ámbitos y espacios de opinión pública política. Resulta cada vez más terrible que los ciudadanos no sepamos qué sucederá. Sabemos y somos conscientes de que el secesionismo seguirá instalado en la ilegalidad, en la provocación permanente para desestabilizar la economía y la fuga de empresas no sólo de Cataluña sino de toda España. El secesionismo quiere el caos, pero los españoles no sabemos cómo quiere combatirlo el Gobierno. Nadie prevé nada y todo son especulaciones. Los ciudadanos esperan como agua de mayo la clarificación e ilustración política. Más del 70% del Parlamento apoya a Rajoy, pero el plan del Gobierno no aparece por ninguna parte. Sólo sabemos que se usará "la fuerza", pero nadie explica cómo, cuándo y quién. Se nos trata como si fuéramos menores de edad. Y, además, nos pretenden domesticar confundiendo un problema esencial, España como nación, dándole el tratamiento de un problema burocrático o tecnocrático propio del funcionamiento del Estado social.
Resulta dramático para el tejido democrático, para la creación de una opinión política desarrollada en términos democráticos, que la población viva aterrorizada por la violencia secesionista por un lado, y por el silencio de un Gobierno, por otro lado, que es incapaz de explicarnos qué sucederá y cómo se resolverá la crisis política más importante de España de la democracia postfranquista. Esa obscuridad política amenaza con llevarse por delante lo conseguido en los últimos 39 años. Repito: nuestro peor escenario es que nadie sabe qué puede pasar mañana. No hay un solo signo en el Gobierno de España, y eso que tiene el respaldo del PSOE y Ciudadanos, que pueda orientarnos sobre qué podemos esperar. Tampoco los partidos políticos, salvo Ciudadanos, están para demasiadas explicaciones, pues que no hay una Cataluña enfrentada a una España, sino que por lo menos hay dos Cataluñas peleándose con dos grupos españolistas; sí, los enfrentamientos entre el PP de Cataluña y el de Madrid hay diferencias notables, aunque no tanta como entre el PSC y el PSOE…
En fin, señor Rajoy, explíquenos su plan si quiere que los apoyos sean sólidos. Diga algo con sentido para que yo rectifique mi meditación: la política, en España, muere por la estulticia de los políticos y el ciudadano se desespera porque no sabe quién manda y, por tanto, qué debe obedecer.