Nada impresionada con la ridícula aplicación del artículo 155 de la Constitución llevada a cabo por el Gobierno del PP –con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos–, la renovada mayoría secesionista en el Parlamento regional de Cataluña no sólo pretende aprobar una escandalosa propuesta de resolución que reconozca las funciones que podría ejercer desde Bruselas el sedicente "presidente legítimo" de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont, sino aprobar la investidura del golpista preso Jordi Sánchez como nuevo presidente de la Generalidad. Eso, al menos, dice el principio de acuerdo alcanzado por Junts per Catalunya y Esquerra, según el cual el golpista prófugo se habría salido con la suya a la hora de designar a Sánchez –y no a Junqueras– como su testaferro en Barcelona, si bien ERC pasaría a controlar algo tan decisivo como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, es decir, TV3 y Catalunya Ràdio.
En cualquier caso, y aun cuando los anticapitalistas de la CUP se sumaran al acuerdo, Jordi Sánchez no podrá ser investido presidente de la Generalidad; por las mismas razones por las que tampoco podría serlo Junqueras o por las que no lo fue hace unas semanas Carles Puigdemont: el reglamento del Parlamento regional y una reciente resolución del Tribunal Constitucional dejan muy claro que cualquier aspirante a la Presidencia debe asistir físicamente a la sesión parlamentaria de su investidura. Y, salvo que el juez Llarena prevarique para la ocasión o incurra en una clamorosa contradicción con sus propios autos de prisión preventiva, Sánchez y Junqueras permanecerán en prisión para que no puedan acceder a cargos desde los que pudieran reincidir en los delitos de que están acusados.
Pero parece que los separatistas están empeñados en que Llarena conceda un permiso al golpista Sánchez, y para ello están sacando a colación el caso de Juan Carlos Yoldi, etarra al que, en 1985, estando en prisión preventiva, se le permitió presentarse a las elecciones autonómicas por Herri Batasuna y, más tarde, acudir al Parlamento regional vasco a disputar – sin posibilidad alguna de éxito– la Presidencia del Gobierno regional a José Antonio Ardanza.
Al margen de que no se puede exigir a Llarena otra coherencia que la que debe a sus propios autos judiciales, las medidas cautelares se han de tomar en relación directa con el riesgo de reiteración delictiva del acusado. Y mientras en el caso de Yoldi el permiso penitenciario no entrañaba riesgo de que el etarra acabara convertido lehendakari, los acusados del golpe de Estado que juzga Llarena –bajo las acusaciones de sedición, rebelión, desobediencia y malversación– no podrían reincidir en los delitos estando fuera de las instituciones.
Así las cosas, el circo continúa con un Gobierno central renuente a intervenir de verdad la Administración catalana y a la espera de que se hagan cargo de ésta las mismas formaciones que declararon la independencia de Cataluña.