Si el idioma español no estuviera perseguido en Cataluña, los manifestantes convocados por la entidad Hablamos Español no habrían tenido el más mínimo problema este domingo para llegar a la Plaza de San Jaime de Barcelona. Los organizadores contaban con todos los permisos pertinentes, incluso para la instalación, al lado del Palacio de la Generalidad, de una tarima, desde la que pretendían dirigirse a sus simpatizantes en lo que debía ser el fin de un acto a favor de la libre elección de lengua.
Hablamos Español considera que el idioma común está particularmente discriminado y penalizado en Cataluña. Opina además que los padres deberían poder decidir la lengua vehicular en la que quieren que sean adoctrinados sus hijos. Es más, cree tal entidad que los niños no deberían ser adoctrinados. Y que la inmersión lingüística es un tortuoso experimento con consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo de los infantes. A mayor abundamiento, en Hablamos Español entienden que en Cataluña se debería poder vivir y trabajar también en español y no sólo en catalán, quieren que en los hospitales y estaciones haya indicaciones también en español, que los comerciantes puedan rotular sus tiendas en el idioma que deseen y el tipo de cosas lingüísticas que están directamente prohibidas en Cataluña.
A pesar de semejantes pretensiones, que Hablamos Español se pueda manifestar en Barcelona es un derecho que ni la Delegación del Gobierno de Sánchez, ni el Ayuntamiento de Ada Colau ni la Generalidad de Torra y Puigdemont pueden prohibir por la vía administrativa. Pero esa no es la única manera en que los separatistas y sus cómplices pueden pisotear cualquier derecho ajeno.
Desde el pasado 11 de septiembre pernocta en la Plaza de San Jaime un grupo de separatistas que ha instalado cuatro carpas y dos tenderetes en una esquina y dice que no se irá hasta que la república catalana sea una república de verdad. Advertidos estos individuos y los Comités de Defensa de la República (CDR) de que la manifestación de Hablamos Español concluiría en ese mismo lugar, dijeron que hasta ahí podíamos llegar.
En cuestión de horas organizaron una respuesta de la más baja especie de matonismo callejero, ante la pavorosa pasividad de todas las Administraciones públicas, que toleran la acampada separatista en la plaza y que los CDR campen a sus anchas y hagan lo que les dé la gana. Las calles son suyas y cuentan además con la protección de la policía política de los separatistas.
De este modo, las personas que participaban en una manifestación legal no pudieron terminarla donde estaba previsto porque si no lo impedían los Mossos lo haría una masa vociferante dirigida por dos diputados de Puigdemont y uno de los fundadores de la banda terrorista Terra Lliure, un tal Fredi Bentanach que resulta ser uno de esos referentes pacifistas del proceso, tipo Otegi o el asesino de Bultó.
¿Y que dice Grande-Marlaska? Nada. ¿E Isabel Celaá? Que en las madrasas catalanas no se adoctrina y que la inmersión lingüística forzosa está muy bien. ¿Y Sánchez? Que lo de Cataluña se arregla votando. El Gobierno hace todo lo que puede para satisfacer a los golpistas, lo que pasa por torpedear cualquier conato de manifestación favorable a España en Cataluña. De ahí que se pretenda que el primer aniversario del 8 de Octubre, cuando más de un millón de personas salieron a las calles de Barcelona en contra del golpe de Estado, pase desapercibido, no vaya a ser que ocurra lo mismo que hace un año.
El caso es que Jusapol, la organización de agentes y guardias que pide la equiparación salarial entre policías, ya ha convocado una manifestación para el sábado 29 de septiembre, dos días antes del aniversario del 1-O. Y la ha convocado para homenajear a los policías y guardias civiles que participaron en el despliegue del año pasado en Cataluña, los vulgarmente llamados "piolines". La cita es en la misma plaza a la que no pudieron acceder los manifestantes de Hablamos Español. A ver qué hacen los CDR de Torra y los Mossos de Puigdemont ese día.