El tan denostado capitalismo de amiguetes ha tenido aquí, y a lo largo de las últimas cuatro décadas, una variante zurda e hiperactiva, la socialdemocracia de compadres, a la que ahora un fiscal de Barcelona le pide cuatro años de cárcel en la persona de uno de sus más insignes representantes, el siempre tan desprendido con el dinero del prójimo Narcís Serra i Serra. La de Catalunya Caixa, esa otra quiebra mastodóntica de la que nunca nadie habla, nos costó a los contribuyentes españoles una suma equivalente a la de todos los recortes en sanidad y educación durante el periodo más negro de la Gran Recesión, el que llegó hasta 2013. En concreto, aquellas mutilaciones del gasto social que llevaron asociadas las movilizaciones y protestas populares más intensas que acaso haya conocido nunca nuestra democracia sumaron un importe aproximado de unos 13.800 millones de euros. Bien, pues el descalabro provocado por Narcís Serra y sus cuates en la Dirección General y el Consejo de Administración de Catalunya Caixa terminaría implicando un coste para los contribuyentes españoles de 11.839 millones de euros. Euro arriba, euro abajo, casi lo mismo que la suma de todos los recortes del PP durante el huracán de la crisis. Esa fue la factura final a pagar a escote por la lerda incompetencia gestora (y quién sabe si algo más) del muy engolado Narcís Serra i Serra, uno de esos pretenciosos blufs catalanes que tan bien se saben vender en Madrid.
En Madrid se saben vender y en Barcelona se saben comprar. De ahí que el cargo de presidente que ocupó el viejo patriarca del PSC en Catalunya Caixa, un puesto meramente honorífico y carente de retribución alguna desde la fundación misma de la entidad, hace ya más de un siglo, pasara al súbito modo a ser remunerado con un salario base de 175.000 euros anuales tras el desembarco de Serra. Asunto, el de aquel dinerillo de base para Serra, que provocó que el Parlament de Cataluña modificara a toda prisa de Ley de Cajas de Ahorros a fin de legalizar los emolumentos de don Narcís. Por lo demás, el consejero de Economía del Tripartito, por entonces Antoni Castells, igualmente se apresuró a firmar una orden según la cual el sueldo del cargo honorífico al que Serra dedicaría los ratos libres devendría "compatible con la dietas que correspondan". Una generosa cautela, la del consejero socialista de Economía en la Generalitat, merced a la cual el antiguo alcalde socialista en la Plaza de San Jaime se embolsó aproximadamente un millón de euros a lo largo de los cuatro años siguientes. Todo eso, huelga decirlo, mientras la Caja avanzaba con paso firme y decidido hacia la quiebra.
Pero Serra no estaba solo en aquella tarea titánica de hundir un buque que había sobrevivido durante más de cien años a todas las tormentas financieras del capitalismo moderno. No, le escoltaba su fiel escudero, Adolf Todó, un genio de las finanzas que cobró cuatro millones de euros, los que le quiso pagar Serra, por aplicar su talento privilegiado a la labor de conceder hipotecas con los ojos cerrados a cualquiera que pasara por la puerta de la Caja. Suprema muestra de inteligencia mercantil, la de Papá Noel Todó, que Serra, considerando que los cuatro millones de la nómina eran peccata minuta, decidió premiar con un plan de pensiones personal valorado en otros ocho millones de euros. Bonita suma a la que, a más a más, procede añadir la parte alícuota que Serra y su compadre Todó se llevaron a la cartera de los otros tres millones de euros que, según una muy imprecisa anotación contable previa al derrumbe definitivo de la entidad, sirvieron para complementar los ingresos del "personal clave de la dirección y miembros del consejo en su calidad de directivos". La Fiscalía acaba de pedir cuatro años de cárcel para Serra. Saben a poco.