Dice el sustituto de Puigdemont, Quim Torra, que está dispuesto a pagar el precio que haga falta y no está hablando de ratafía. Su intervención tras declarar durante media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) oscila entre la megalomanía y el síndrome de Münchhausen. Los presidentes de la Generalidad se creen en la obligación de pronunciar discursos no ya solemnes sino históricos cada vez que abren la boca. De este modo, el más leve trance o trámite jurídico es algo así como la mayor ocasión que vieron los siglos después de las Termópilas. Una locura.
Al actual presidente de la Generalidad se le investiga por desobediencia, puesto que se negó de primeras a retirar la pancarta con el lazo amarillo del balcón de la sede central de la administración regional en respuesta a una resolución de la Junta Electoral Central. Poco después rectificó y puso otra sábana a favor de la libertad de expresión, aunque ya era tarde. La fiscalía le denunció, así como Vox, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no le ha quedado más remedio que tomarle declaración. Se le consultó qué fecha le iba mejor y se le ofreció sustanciar el lance en su despacho oficial con la máxima discreción. Un despliegue de justicia VIP que el señor aprovechó para señalar su deposición en plena campaña electoral y en la sede del TSJC. Esto es que programó el típico mitin separatista para proferir después las clásicas frases contra España y a favor de la república catalana.
Al "show", sin embargo, le ha faltado público. Sólo unas trescientas personas han acompañado a Torra y señora en el tradicional desfile presidencial entre el Arco del Triunfo (versión catalana) del paseo Lluís Companys y las escalinatas de palacio del Tribunal Superior. En ocasiones similares, Artur Mas había congregado a miles de personas y el 21 de septiembre de 2017, el día después del asedio a la consejería de Economía, por decenas de miles se contaba la concurrencia.
El desinterés popular no ha sido óbice, sin embargo, para que Torra se diera una pequeña ducha de muchedumbres y entrara en la sede judicial como un capitán general, con los mossos rindiendo honores más tiesos que el palo de una escoba. De lo que ha pasado dentro sólo consta la versión de parte, un Torra épico, on fire, en plan "ojo conmigo que estoy muy loco". Pudiera ser. Los separatistas más radicales y obtusos se crecen en los juzgados, como ha quedado de manifiesto en el Tribunal Supremo.
Luego del envite judicial, el discurso institucional: "Ya lo dije en su momento y lo repito ahora, en defensa de los derechos civiles y las libertades democráticas, como la libertad de expresión, me encontrarán en primera línea hasta las últimas consecuencias. No hay lucha pequeña cuando se trata de los derechos colectivos y las libertades que se han conseguido con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. El presidente de la Generalidad no puede desfallecer nunca en la conquista de derecho y libertades. Y si la democracia española no aguanta esta defensa, pagaré el precio que haga falta".
El precio que haga falta... Cualquiera diría que está en la lista de espera de Soto del Real, pero no. Se le investiga por desobediencia, delito que comporta entre seis meses y dos años de inhabilitación. En realidad, la justicia malaya le está haciendo el favor de ponerle pista para quitarse de en medio, como a Mas, pero sin embargos.
Por tanto, no es en absoluto descartable que Torra se declare culpable, muy culpable, tan culpable que hasta confiese que participó en el trasiego de las urnas chinas del referéndum ilegal. El precio a pagar son dos años de no poder presentarse o participar en unas elecciones legales. Como si eso le importara una higa. Su intención es cobrar la pensión de expresidente catalán en Suiza dándoselas de perseguido político mientras redacta sus hazañas bélicas. Un negocio redondo por una vez en su vida, tipo con suerte este Torra.