En ninguno de los vídeos del referéndum ilegal emitidos en el Tribunal Supremo aparecen políticos. En cambio, el 20 de septiembre se retrataron todos frente a la Consejería de Economía. ¿Qué sucedió en el plazo de diez días para que esos líderes irreductibles pasaran del primer plano del asedio a una comitiva judicial a la discreción más absoluta precisamente el día en que se concretaban todas sus bravatas?
Horas y horas de grabaciones en los centros de votación del 1-O y ni un mísero diputado de la CUP en primera línea de fuego, ni un consejero autonómico al pie del cañón. El que era presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ni siquiera fue capaz de dar la cara en su colegio electoral porque los Mossos le avisaron de que había llegado la Guardia Civil.
Eso sí que hubiera sido internacionalizar el proceso, ensanchar la base y ser consecuente. La foto de Puigdemont encarado a un agente de la Benemérita hubiera dado la vuelta al mundo tres veces. Pero no, prefirió ahorrarse la estampa, igual que sus colegas de gabinete y los Jordis. En su lugar pusieron a un par de alcaldes y cuatro concejales de pueblo, más las abuelas y abuelos de la ANC con algunos nietos y un heterogéneo magma de matrimonios vermuteros, chavalada bacaladera y payeses por la causa. Mucha gente, sí. Menos de la que vota a partidos españoles o que se dicen españoles.
Lo único inteligente que hicieron los golpistas fue rehusar el enfrentamiento directo. Utilizaron a los Mossos a su antojo para entorpecer las iniciativas judiciales contra el referéndum ilegal, pero no tuvieron arrestos para dar órdenes directas a los Mossos de enfrentarse a la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de que eran muy inferiores en número. Entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fijas en Cataluña, unos mil efectivos, y los agentes desplazados desde toda España no sumaban más de siete mil policías frente a los 17.000 mossos con que contaba y cuenta la Generalidad golpista.
Sin embargo, esa cobardía ni siquiera es esgrimida como un acto de prudencia y arrepentimiento por las defensas de los acusados, que pasados los meses prefieren mantener el tipo como electos gracias a una democracia tan democrática que les permite persistir en la comisión del delito mientras se está juzgando.
Elección tras elección, siguen sin ser mayoría, pero ahí están, dando la brasa, impasibles y empecinados, "tozudamente alzados", como dice la canción, utilizando impuestos, escuelas, medios, instituciones, policías, médicos y bomberos a mansalva en pos de esa Cataluña catalana en la que tipos como el simpático juez Marchena serían condenados a muerte salvo que se prestaran a redactar y jurar sin chorradas una Constitució tipo "bon cop de falç defensors de la terra".
Todo esto comenzó con Pujol y tuvo su primer punto álgido con Mas, que el próximo 23-F, casualidades de la vida, dejará de ser un paria y podrá presentarse a unas elecciones tras haber montado el primer referéndum ilegal, inconstitucional, golpista, fascista, xenófobo, supremacista y nazi de la historia en Cataluña, todavía España.
Mas es un reprimido típico primer escalón. Igual que Joana Ortega, también inhabilitada y recién nombrada asesora de una consejería para asesorar en proyectos transversales de transversalidad en la misma consejería a razón de ochenta mil euros al año. Pobre mujer. De vicepresidenta catalana cobraba treinta o cuarenta mil euros más. Tras estos oprimidos están los denominados "exiliados", el prófugo Puigdemont, la secretaria general de ERC Rovira y aquella mujer tan simpática de apellido Gabriel, la del flequillo al hacha que ahora vive en Ginebra. Luego ya los presos provisionales, nueve personas acusadas de rebelión y malversación (en el código alemán traición y corrupción) que se dedican durante su terrible juicio a chatear con el móvil. Terrible situación, gran drama, tremenda conmoción tras haber causado una fractura social y una quiebra económica sin precedentes.
Nadie se podrá llamar a engaño si a los delincuentes golpistas se les imponen las penas más bajas. Y menos aún si se les indulta. De aquí a un año, Junqueras será un dios Cataluña y Puigdemont, su ángel caído. O al revés. Y nadie se acordará de cuando Marchena le paró los pies a algún gilipollas que esgrimió el imperativo legal para no contestar a los abogados de Vox, que acabará siendo ilegal mañana o pasado.