Todavía no se ha hecho pública el acta en la que consta el acuerdo entre Zapatero y la ETA. Pero sí sabemos lo que la organización exigió:
Cumplimiento del acuerdo en su totalidad, libertad para Iñaki de Juana Chaos, presos enfermos, Doctrina Parot. Sobre el otro carril: cuatro territorios y derecho a decidir.
De todo esto, lo de los presos lo sabíamos. Lo de la anexión de Navarra al País Vasco lo intuíamos. Y no hay más que ver lo que pasa allí para darse cuenta de que se está tratando de cumplir lo acordado. Lo que no estaba tan claro es lo del "derecho a decidir". A la vista de cómo Zapatero, y luego Rajoy fueron cediendo en todo, a través de diversas fórmulas, no cabe albergar demasiadas dudas acerca de que el Gobierno del Reino de España se comprometió con la banda terrorista a conceder al inexistente pueblo vasco, ya verían cómo, el inconstitucional derecho.
Si ese compromiso efectivamente fue asumido por Zapatero, e igualmente aceptado por Rajoy, lo ocurrido en Cataluña el año pasado se comprende mucho mejor. Los gobernantes españoles dieron con la vía para derogar la Doctrina Parot, por medio del Tribunal de Estrasburgo, sin tener que asumir su responsabilidad. ¿Cómo hacer lo mismo con el derecho a decidir? Es más que probable que se les ocurriera aprovechar la vehemencia con la que los independentistas catalanes lo exigirían. Entonces, fruto de una ardua negociación, se les concedería y se presentaría como una solución de compromiso para acabar con el supuesto conflicto. Luego, sería de natural justicia concederlo también a los vascos. Así se cumpliría con la ETA sin que se notara que, como con la Doctrina Parot, se estaba honrando un compromiso previamente adquirido con la banda.
Esto explicaría la extrema tibieza con la que afrontaron el proceso soberanista el Gobierno del PP y la oposición del PSOE. El plan está suspendido, por el momento. Lo está por la impaciencia de Esquerra Republicana, que, insistiendo en la declaración unilateral de independencia, evitó la solución de compromiso que el PSOE y el PP tuvieran en la cabeza. Y luego está la decisiva intervención del rey, y la de los jueces, que se negaron, con el respaldo del monarca, a comulgar con ruedas de molino.
Pero hay más. La negociación con la ETA se ha querido justificar con que la lucha contra la banda no era tanto un problema de delincuencia criminal como una guerra a la que no se podía poner fin sin una paz negociada. Y eso es lo que se supone que se pactó, la paz. Eso dicen al menos quienes defienden la ignominia cometida. Pues bien, si se da este planteamiento por bueno, hay un artículo en el Código Penal (el 588) que dice:
Incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz.
Y la Constitución Española dice (artículo 63.3) que:
Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.