El juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo es un acontecimiento histórico. Se trata del primer proceso en el que se juzgan unos delitos que se están cometiendo en vivo y en directo, fuera y en la misma sala a la vista del tribunal y del público en general. Mientras el magistrado Marchena llama al orden, Oriol Junqueras, agazapado tras sus abogados, ordena por whatsapp o telegram a la consejera de Justicia y prisiones de la Generalidad que libere a uno de los hijos de Pujol. El episodio es de una obscenidad absoluta. Al tiempo, el procesado en rebeldía Puigdemont se carga desde Waterloo al jefe de los Mossos d'Esquadra por tibio. Pura pornografía mafiosa y golpe de Estado al ralentí, sin prisa pero sin pausa con la complicidad porcina del Gobierno del PSOE y ante la mirada bovina de todas las oposiciones.
Oriol Pujol Ferrusola ya solo tiene que pernoctar en la cárcel. La Generalidad le ha aplicado la versión VIP de su régimen penitenciario. De modo que uno de los más distinguidos miembros de la familia Pujol, considerada por la Policía como una organización criminal, goza del privilegio de cumplir en la calle y dedicado a sus negocios la ya de por sí insultante condena de dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en el caso de la concesión de estaciones de ITV, uno de los tantos escándalos relativos a los Pujol y sus secuaces.
De nada ha servido la oposición del juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En Cataluña, las cárceles y la suerte de los presos dependen de la Generalidad, que hace lo que le da la gana en la materia como ya se demostró durante la estancia de los golpistas en la prisión de Lledoners, centro penitenciario convertido en gran hotel balneario.
Acababan de salir las primeras fotos de ese preso Pujol hecho un brazo de mar en libertad tras cumplir un par de ratos entre rejas cuando trascendía el cese fulminante del jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius. Se había opuesto tímidamente a la creación del ejército particular de los presidentes de la Generalidad y a que esa división especial dependiera de la nueva "área de seguridad institucional" de Presidencia en vez de Interior.
A los mossos separatistas organizados en grupos de presión dentro del cuerpo Esquius les parecía poco o nada comprometido con la república, excesivamente tibio con los agentes señalados como españolistas y demasiado obsesionado con recuperar el crédito judicial del cuerpo. El exjefe se ha delatado con una carta en la que afirma haber ejercido el cargo "desde la neutralidad política", clave de su degradación diez meses después de haber sido nombrado en sustitución de Ferran López, el cap de los Mossos del 155.
A Puigdemont no le ha temblado el pulso con Esquius, al que no se apreciaba especialmente entusiasmado a la hora de enviar mossos a Waterloo y promocionar agentes por sus ideas políticas. Tampoco estaba encantado con la idea de la guardia pretoriana, pero no puso pies en pared. Prueba de ello es que tal división, lo más granado entre los policías de acreditada fe separatista, alrededor de un centenar de efectivos sólo en la primera promoción, se acantonará a mediados de este mes en el palacio de Pedralbes para coordinar los servicios especiales para Torra y los expresidentes, cosa que incluye al prófugo Puigdemont especialmente.
Para fulminar a Esquius ha sido necesario nombrar comisario a toda prisa a Eduard Sallent, el sustituto, que hasta ahora ejercía de número dos en la Comisaría General de Información. Cacicada sobre cacicada, guardar unas mínimas apariencias no es precisamente el fuerte de los dirigentes nacionalistas catalanes ni para robar ni para prevaricar. Ascendieron a Esquius para que pusiera a los Mossos al servicio del golpe de Estado, no para que fuera el Mosso de todos, una especie de defensor del pueblo. Cabe reseñar que Esquius es teólogo de formación y policía de tráfico de vocación.
Con Eduard Sallent, el agente que ha batido todos los récords de ascenso (de intendente a comisario y de ahí a comisario jefe de los Mossos en 60 días) la Generalidad va ya por su cuarto jefe de policía en dos años tras Josep Lluís Trapero, Ferran López y Esquius, al que apodaban el Cura.
Detalles como la suelta de Oriol Pujol, las purgas en la policía política catalana y la creación de comandos de mossos presidenciales por la república contrastan con la extendida versión de que el golpe de Estado en Cataluña ha sido sofocado porque hay "presos políticos" y "exiliados". Es de una obviedad manifiesta que los Mossos dependen de Puigdemont, que está rodeado de mossos a su servicio en Waterloo y que Torra y sus consejeros no hacen otra cosa que seguir sus instrucciones, las de un procesado en rebeldía. Igual que los consejeros de ERC respecto al preso Junqueras. En el reparto del Gobierno regional, Puigdemont se quedó con Interior y la policía. La suerte de Oriol Pujol es cosa del preso Junqueras, que pidió Justicia y el control de las cárceles regionales.