La realidad es que, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo después del juicio a los políticos catalanes que protagonizaron hace dos años un intento de golpe de Estado, el mundo independentista se ha sentido aliviado, por mucho que tengan que disimularlo, unos desde las algaradas callejeras y otros desde las instituciones. El proceso independentista sigue vivo, y un poder del Estado de Derecho, el Judicial, a través de su máximo tribunal, no ha modificado su rumbo con una sentencia que no queda otro remedio que acatar, pero con la que muchos ciudadanos españoles no estarán de acuerdo.
En contraposición a ese alivio del mundo independentista, esos ciudadanos españoles que asistieron atónitos a aquellos hechos sentirán una gran frustración y pensarán, con razón, lo barato que sale echar un pulso al Estado, tratar de subvertir el orden constitucional para conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
Se ha dicho siempre que la Justicia, así con mayúscula, tiene que ser, en primer lugar, justa, pero también ejemplarizante. Es decir, debe tener un efecto disuasorio en la población para que nunca más se intente cometer el mismo delito. Me temo que, en el caso que nos ocupa, los cabecillas independentistas –qué papelón, por cierto, el del huido Puigdemont– no se sentirán muy coartados por la sentencia, lo cual no implica que vuelvan a repetir los mismos actos que en setiembre y octubre de hace dos años, referéndum ilegal incluido.
Desde un punto de vista político, la sentencia le viene de perlas a Pedro Sánchez. El eje Sánchez-ERC sale fortalecido. Mucho más si, a través de los mecanismos convenientemente utilizados de la legislación penitenciaria –hay que recordar que la competencia en esta materia está transferida a la Generalitat–, nos encontramos con que dentro de muy pocas semanas o meses la mayor parte de los condenados podrán acceder al tercer grado penitenciario y disfrutar de los correspondientes permisos. Lo de menos es que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos; lo de más es que, una vez pongan un pie en la calle, asistiremos a su ensalzamiento popular como unos héroes que lucharon y que sufrieron cárcel durante un tiempo en pro de la libertad de Cataluña. Es decir, a unos ongi etorris en versión catalana.
Sánchez respirará tranquilo, y si tras las elecciones los números le dan, formará el Gobierno de Frente Popular que no quiso hacer en julio. Un Gobierno integrado por PSOE, Podemos, Más País, PNV y que, si fuera necesario –la sentencia ha allanado el camino para ello–, contaría al menos con la abstención de los diputados de ERC. Un Gobierno que tendrá como uno de sus principales objetivos llevar a cabo la segunda transición, para lo que sólo falta acabar de enterrar la primera, y a partir de ahí cuestionar muchas cosas, Monarquía incluida.
Ante este panorama ciertamente desolador, los ciudadanos de a pie tienen muy pocos medios para reaccionar. Pero uno de ellos es crucial: el voto.
El próximo 10 de noviembre existe la posibilidad de parar esta demolición de la España constitucional. Para ello, en primer lugar es necesaria la movilización de todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte de ese dique de contención. Hay que dejar al lado el cansancio y el hastío que los actuales políticos producen e ir a votar. Y hacerlo a cualquiera de las opciones políticas que defiendan claramente, sin complejos, la unidad de la Nación, la libertad y la igualdad. Francamente, no descubro nada nuevo si digo que a mí personalmente me salen sólo tres opciones: PP, Ciudadanos y Vox. Que cada cual vote a quien considere mejor o menos malo, pero que vote.