Fiel a la línea golpista de sus dos antecesores inmediatos en Generalidad, Quim Torra ha proclamado públicamente que va a desobedecer la resolución judicial que acaba de declarar ilegal la orden de confinamiento dictada por el gobierno regional catalán para aislar Lérida y otros siete municipios de la comarca del Segrià por el rebrote del coronavirus. Ciertamente, la liberticida orden de confinamiento dictada por la Generalidad sólo tendría amparo legal bajo con la declaración de un estado de alarma parcial, lo cual, como bien señala la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lérida, "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados".
Aun cuando el rebrote de la pandemia puede y debe ser afrontado con medidas menos empobrecedoras y opresivas, como las que contemplan la Ley de Protección Civil y la Ley de Medidas Urgentes de Sanidad Pública –sobre las que la Generalidad sí tiene competencias, aun cuando también tenga que recibir el visto bueno de un juez para operar–, nada impediría a Torra solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un estado de alarma parcial, tal y como la juez apunta en su resolución. Está visto, sin embargo, que el golpista Torra no quiere someterse a las leyes ni al Parlamento español –sede de la soberanía nacional–, y lo que más va a hacer es desarrollar un pseudo decreto-ley –no menos inconstitucional que la propia orden de confinamiento– para dar una apariencia de legalidad a lo que es un clamoroso delito de desobediencia.
Ante este nuevo desafío secesionista, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Va a instar al Ministerio Fiscal a que acuse a Torra de desobediencia? ¿Va a advertir al golpista de la posible intervención de la Generalidad, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, a fin de evitar la comisión de un delito desde esa propia institución estatal?
En octubre del año pasado, en plena campaña electoral, Sánchez dijo estar dispuesto a aplicar el 155 en Cataluña "aun estando en funciones". Claro que por aquel entonces el desvergonzado presidente de Gobierno también decía que no iba a pactar con la extrema izquierda podemarra ni con los golpistas catalanes, y eso es precisamente lo que hizo para seguir en la Moncloa. Ahora, por mucho que haya prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, es impensable la menor firmeza de Sánchez en defensa de la Ley. Otro tanto se puede decir del Ministerio Fiscal, que podría y debería intervenir motu proprio contra Torra, pero, estando en manos de Dolores Delgado, sórdida esbirra de Sánchez, es inconcebible que cumpla con su cometido.
Así las cosas, lo más probable es que el Gobierno vuelva a mirar hacia otra parte y deje a los separatistas disfrutar de esa independencia de facto en la que está instalada Cataluña desde el inicio mismo del procés. Eso, o que Sánchez disimule su cesión ante Torra declarando el estado de alarma no sólo en Cataluña sino en muchas otras partes del país. Pulsiones y aliados liberticidas no le iban a faltar.