La vicepresidenta Calvo presentó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática como una medida inexcusable, urgente y necesaria para la democracia española, pero no explicó cómo ha podido sobrevivir hasta ahora esa democracia española en ausencia de un elemento tan capital. El problema es evidente. Si esa ley cumple una función tan indispensable como la que predica la retórica gubernamental, resulta que mientras no se apruebe, la democracia española está incompleta. Es más, hasta puede que no llegue a democracia.
Lo más asombroso de todo, aparte de enterarnos de que para el Gobierno es dudoso que hayamos tenido una democracia durante cuarenta y dos años, es que de la carencia son corresponsables dos Ejecutivos del PSOE. Entre ambos cubrieron unos veinte añitos de Gobierno. Felipe González no consideró necesario hacer una ley de ese tipo, por lo que no hay mucho más que decir, aparte de denunciar enérgicamente su ¿criminal? inacción. Pero Zapatero, que sí se puso a jugar con la memoria, queda igualmente en evidencia. Tampoco su ley de memoria vale.
Dos Gobiernos socialistas acaban de ser impugnados por los socialistas en el Gobierno y, por esta vez, hay que preguntarse por qué. La respuesta no es la habitual, la conocida, la que esgrime la oposición: cuando tienen problemas sacan a Franco. Está, por supuesto, la que apunta a la gran revisión de la Transición: a su demolición. Revisión visible desde que se define la Transición como un pacto del olvido. O la ley de amnistía como ley de la amnesia.
Pero nuestra cuestión se aclara un poco repasando las medidas que anuncia rimbombante el anteproyecto. Porque muchas de ellas ya estaban en la ley de ZP. ¿No es redundante?
Hay, sin embargo, una que parece igual, pero no es idéntica. La ley de Zapatero declaró ilegítimos los tribunales o consejos de guerra constituidos por motivos políticos o ideológicos durante la dictadura, al igual que sus resoluciones, condenas y sanciones. El nuevo anteproyecto da un paso más y los declara nulos. Lo interesante es quién ha presionado desde hace años para que se imponga esa declaración de nulidad.
Ya con la ley de ZP aprobada, el nacionalismo separatista catalán ha reclamado una y otra vez la anulación del proceso que condujo al fusilamiento de Lluís Companys. La Fiscalía, con Conde-Pumpido de fiscal general, respondió en 2010 que las sentencias que condenaron a Companys eran “inexistentes y nulas de pleno derecho” al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico, como todas las demás de la misma índole. Esa declaración no satisfizo al nacionalismo catalán, que continuó con la misma reclamación y presentó una proposición de ley en 2017. Bien. Sánchez acaba de darles satisfacción.
No hay duda de que los antiguos convergentes tienen importantes motivos para envolverse en el manto antifranquista. Un motivo poderosísimo es que aquel partido llamado Convergència nutrió sus filas en los años de la Transición con alcaldes y jefes franquistas. Los nacionalistas catalanes son pioneros de las políticas de memoria histórica. Enseguida entendieron la utilidad de la memoria histórica para falsear la Historia. Y la pregunta, en fin, es si toda esta nueva tramoya, tan parecida a la anterior, por lo demás, se habrá levantado para satisfacer aquella reclamación del nacionalismo separatista catalán.