Sucedió en octubre de 2017, en concreto el día 11 de aquel mes, apenas 76 horas después de que la alta dirección de Caixabank, de la que por aquel entonces formaba parte destacada el periodista y relaciones públicas Jaume Giró, hoy comisario de Economía de la Generalitat republicana, anunciara su decisión de trasladar la sede a Valencia. Aquel muy preciso día, Segurcaixa, la aseguradora participada de modo mayoritario por Caixabank, envió una carta a la Generalitat y otra al Parlament donde les comunicaba la rescisión de las pólizas de responsabilidad civil que hasta entonces había tenido suscritas con ambas instituciones. Para la aseguradora de Caixabank, según se decía en las misivas, "la agravación del riesgo producida por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña" obligaba a la compañía a dejar "resueltas y sin efecto alguno de modo inmediato" las pólizas.
Amén de anular la cobertura que hubiera garantizado la impunidad patrimonial de los sediciosos, Segurcaixa igualmente se negó algún tiempo después, cuando el Tribunal de Cuentas impuso la fianza de 5,2 millones de euros a Artur Mas por el desvío de fondos para organizar el 9-N, a abonar la citada cantidad, tal como pretendía Mas, alegando que la póliza no cubría riesgos derivados de actividades ilegales. Las entidades financieras catalanas, con Caixabank a la cabeza, ya dejaron muy claro en su momento, pues, su voluntad de no convertirse en cómplices pecuniarios de la trama de desvío de fondos públicos para usos tipificados en el Código Penal que organizaron los Ejecutivos de la Generalitat encabezados por Mas y Puigdemont. Ahora, esa misma Generalitat acaba de poner en marcha una ingeniosa burla jurídica con el propósito evidente de extorsionar a empresas financieras privadas con idéntico fin: lograr que la factura por los hurtos varios y prevaricaciones mil del proceso la acaben abonando los contribuyentes españoles. Habrá que estar muy atentos, pues, a qué sociedades financieras o aseguradoras se prestan, en el caso de que alguna lo haga, a participar en esa muy original tomadura de pelo en forma de avales públicos que se le ha ocurrido al comisario Giró. Dicen, muy chulitos, que lo volverán a hacer. Pero en cuanto a lo de pagar de su bolsillo, eso nunca. Antes muertos. Ah, l’avara povertà di Catalogna.