La huelga de los diputados separatistas en el Parlamento catalán es el último disparate de esa generación de políticos surgidos de las cenizas del Procés y que tiene en Pere Aragonès, Ada Colau y Laura Borràs los elementos más destacados.
El primero, Aragonès, también conocido como "el nen barbut", era el becario de Oriol Junqueras en ERC y en la Consejería de Economía que dirigía el líder republicano y a la sazón vicepresidente del Gobierno golpista de Puigdemont. Según ha contado el propio Junqueras, durante las maniobras que dieron lugar al golpe se preservó al joven Aragonès de cometer cualquier acto ilegal para que fuera el reemplazo de quienes podrían entrar en la cárcel o fugarse, como la aguerrida Marta Rovira, que exigía ir a por todas a voz en grito y huyó a Suiza en un mar de lágrimas en cuanto vio que encarcelaban a su jefe.
Respecto a Ada Colau, si bien no es propiamente fruto de la cantera nacionalista, merece figurar en la relación de productos del proceso por características como su supina incompetencia y mayúscula frivolidad. Su última hazaña ha sido la de echar de Barcelona a unas gentes que pretendían instalar en la ciudad una sucursal del museo del Hermitage. Al tiempo, proliferan las gentes sin hogar en la ciudad gobernada por quien iba a poner fin al problema de la vivienda. Lo primero que hizo nada más ser proclamada alcaldesa fue salir una noche por la ciudad para hacer un recuento de quienes dormían al raso o en los cajeros. A día de hoy, son miles los sintecho que vagan por las calles de Barcelona sin que esa señora les haga el más mínimo caso. Eso por el lado de la incompetencia. Por el de la frivolidad, aquellas imágenes de Colau la noche antes del referéndum ilegal recorriendo colegios para dar ánimos a los militantes separatistas que habían ocupado las instalaciones.
Y en tercer lugar pero no por ello menos inútil, doña Laura Borràs, presidenta del Parlamento autonómico y exdirectora de la Institución de las Letras Catalanas durante lo más crudo del proceso, investigada por la concesión de subvenciones irregulares a un amigo informático condenado a su vez por falsificación de moneda y tráfico de estupefacientes. Sostiene la doña que su expediente no es por corrupción sino que está dentro de lo que el separatismo llama "causa general contra el independentismo". Constan unos correos electrónicos enviados por ella a su colega en los que le daba instrucciones para que fraccionara las cantidades a fin de eludir la exposición pública.
A Borràs se debe el último ridículo de la política catalana, el supuesto cierre de la cámara regional en protesta por la retirada del acta de un diputado de la CUP condenado por desobediencia. Pau Juvillà, que así se llama, se negó a retirar unos lazos amarillos de una dependencias públicas del Ayuntamiento de Lérida, donde era concejal, en periodo electoral. El mismo caso del ínclito Torra. Esa cosa que tienen los separatistas de considerar que están por encima de la ley, de que sus actos no tienen consecuencias, de que todo lo suyo es libertad de expresión y lo de los demás, fascismo.
Borràs posturea, se parapeta detrás de los grupos y declara cerrado el Parlamento pasándose por el arco del triunfo los derechos de representación y participación de toda la ciudadanía de Cataluña. Tremenda conmoción. Como si ese Parlamento que paga a los funcionarios por no ir a trabajar sirviera para algo más que para las corruptelas separatistas. Como si se fuera a notar que los diputados separatistas no trabajan. Como si aquella cámara sirviera para algo más que para proclamar repúblicas de papel mojado.