El Gobierno de Pedro Sánchez ha perpetrado la enésima traición a España. La reforma del Código Penal por la puerta de atrás, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para suprimir el delito de sedición es una invitación a los golpistas para que cumplan su promesa de volver a dar un golpe de Estado como el de octubre de 2017.
La maniobra de Sánchez responde a las exigencias de ERC y tendrá efectos tales como que los golpistas ya condenados se puedan presentar a las próximas elecciones, el retorno de la fugada de ERC Marta Rovira y puede que también el regreso de Puigdemont, para quienes el Ejecutivo prepara un recibimiento triunfal además de impune.
La derogación del delito y la creación de los "desórdenes públicos agravados" pretende desmontar la sentencia, ya de suyo tibia, del Tribunal Supremo por la asonada de hace cinco años. Con la rebaja de quince a cinco años de prisión como máximo, todos los indultados ya pueden presentarse a las elecciones cuando quieran. Se trata de una amnistía encubierta con la que se avanza en las operaciones de desmantelamiento del Estado de Derecho en España. En ninguna democracia digna de tal nombre se admitiría que quienes han delinquido sean quienes rehagan las leyes para dejar sus tropelías en papel mojado. Además de grave, es un hecho inédito
Después de los indultos y con la derogación del delito de sedición, triunfa el golpe de Estado independentista. Los principales dirigentes separatistas gozarán de una impunidad absoluta cuando se decidan a poner otra vez al Estado contra las cuerdas y a pisotear los derechos civiles de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y, por ende, los de resto de españoles.
Más allá de que con el anuncio de Sánchez quede al descubierto que mientras negociaba con el PP la renovación de la cúpula judicial urdía con ERC la reforma del Código Penal, el acuerdo con los separatistas supone blanquear los graves delitos cometidos hace cinco años y que el Tribunal Supremo ya rebajó de rebelión, que es lo que fue, a sedición, un tipo delictivo cuya aplicación en la condena abría la puerta a un trato penitenciario de favor, la rápida obtención del tercer grado y finalmente los indultos, como se pudo verificar paso a paso.
Sánchez ha puesto España a los pies de los golpistas que pretendieron destrozarla en 2017. Deja a la Nación sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción, expuesta a la intemperie, vejada y traicionada por Sánchez y sus socios, a quienes en países como Alemania se juzgaría por "alta traición" con la posibilidad de la cadena perpetua que prevé el código alemán.
Porque es mentira que se pretenda adaptar nuestro Código Penal en la materia de golpismo a las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hasta en Bélgica tendría más castigo lo cometido por los separatistas hace cinco años, por no hablar de Francia, Italia y Portugal. Claro que la mentira es consustancial al sanchismo, como ha quedado acreditado una vez más. La alianza entre socialistas y separatistas catalanes y vascos es un peligro evidente para la unidad de España, para la igualdad de derechos y para el ejercicio de las libertades, puesto que sitúa a los golpistas por encima de la ley, al margen de cualquier imperativo legal, con las manos libres para desembocar en un referéndum de autodeterminación, que es el siguiente paso de la llamada "mesa de negociación" en la que Sánchez ha vendido España.