Tal es el empecinamiento del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez por someter a sus dictados al Tribunal Constitucional que ya ni siquiera se molesta en disimular sus pulsiones totalitarias: así, y a pesar de que la Constitución establece que la renovación de este órgano debe hacerse por tercios y, por tanto, Gobierno y CGPJ deben designar a sus candidatos, dos y dos, a la vez, el Ejecutivo ha decidido designar ya a los dos magistrados que le corresponde sin que el Órgano de Gobierno de los Jueces haya nombrado a los dos suyos. Lo más bochornoso es que los dos magistrados que designa el gobierno para integrar el Órgano de Garantías son dos exmiembros del propio Ejecutivo de Sánchez. A saber: la hasta hace sólo seis meses directora general en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez y el anterior ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo.
Si Díez, actual vicepresidenta del Consejo de Garantias Estatutarias, gracias al PSC, ERC y Junts, se ha mostrado favorable a burlar la ley del 25% en castellano, Campo destacó por promover desde el ministerio de Justicia los indultos a los golpistas del 1-O.
Ni que decir tiene, sin embargo, que Moncloa ha considerado que los dos candidatos, de tan marcado carácter político como de dudosa imparcialidad, son "absolutamente idóneos" para ocupar el cargo; y, ciertamente, si de lo que se trata es de convertir el Tribunal Constitucional en una mera correa de transmisión del Poder Ejecutivo, ambos nombramientos no pueden ser más bochornosamente adecuados.
Aun así, y por mucho que el Ejecutivo esté empecinado en que jueces y magistrados no contemplen lo que dice la ley, el articulo 159.3 de la Constitución sigue siendo muy claro al afirmar que la renovación del Tribunal Constitucional ha de llevarse a cabo por tercios, por lo que el Órgano de garantías ha hecho muy bien al acordar este martes no convocar el Pleno en el que se tiene que dar el plácet a los nuevos miembros designados por el Ejecutivo a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los suyos.
Mientras tanto, y a pesar del empecinamiento del Ejecutivo para que los jueces no observen el propio bodrio jurídico que socialistas y comunistas han elevado a rango de Ley, el Tribunal Supremo ha decidido imponer a los ya condenados por el caso Arandina una pena inferior a la que habría correspondido antes de la reforma de la Ley del "sólo sí es sí". Aun así, está por ver que el Ejecutivo socialcomunista admita su error y modifique este bodrio legislativo del que todavía tiene la desfachatez de decir que "protege a las víctimas" a pesar de las continuas rebajas de penas con las que está beneficiando a sus agresores.
Lo que es evidente es que la pulsión totalitaria de este Ejecutivo por hacerse con el control del Poder Judicial, ya sea para tapar errores legislativos, ya sea, sobre todo, para satisfacer a las formaciones antisistema que le sostienen, va a más, "si o sí".