El mismo Pedro Sánchez que no iba a pactar con Podemos, ni con ERC y Bildu, ese que no concedería los indultos a los golpistas catalanes, el que iba a traer detenido a Carles Puigdemont y que jamás cedería a los chantajes de los separatistas es el mismo Pedro Sánchez que proclama que en Cataluña no habrá referéndum de autodeterminación y que el proceso independentista se ha acabado.
Al presidente del Gobierno no sólo le desmienten los hechos. Cuando todavía no se había aprobado la reforma del Código Penal y del sistema de elección de magistrados en el Tribunal Constitucional, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, admitía abiertamente que en Cataluña se celebrará una consulta. Como reacción a esas declaraciones, el jefe de ERC, Oriol Junqueras, matizaba que tal consulta sería un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno o por las bravas, como en 2017. Este viernes, el segundo de Junqueras y presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, se carcajeaba del supuesto fin del proceso anunciado por Sánchez y planteaba una reforma de la Constitución para acoger en el texto la celebración de referéndums de autodeterminación.
ERC no se esconde. La ponencia política que se aprobará en un cónclave del partido el 28 de enero fija las condiciones del referéndum. Podrán votar los mayores de 16 años, será vinculante si la participación supera el 50% y la independencia de Cataluña será un hecho con el 55% de los votos a favor.
La operación es más que evidente. La eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación facultan a los golpistas para cumplir su promesa de que lo volverán a hacer, pero sin consecuencias penales. Y, en paralelo, la maniobra para desmantelar el Poder Judicial y ponerlo al servicio de los intereses de los socialistas y de los separatistas catalanes y vascos. Todo en el mismo paquete legislativo tramitado en el Congreso de los Diputados en una sesión idéntica a la del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el parlamento catalán. Un golpe de Estado sin paliativos.
Conquistado el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sin antes amenazar con la cárcel a jueces y magistrados mientras se amnistiaba a los golpistas, todo conspira a favor de un referéndum en Cataluña y otro en el País Vasco con el visto bueno de un Tribunal Constitucional compuesto por esbirros del PSOE y ERC.
Si se repara en la "Declaración de Barcelona" que Pedro Sánchez firmó tres meses antes del golpe de Estado con el PSC, toda esta operación de destrucción de la democracia en España consta en el guión socialista, desde la descomposición de la arquitectura institucional hasta el reconocimiento de las aspiraciones "nacionales" de Cataluña con reforma de la Constitución incluida.
Las graves amenazas de los socialistas a los magistrados del Tribunal Constitucional y del CGPJ, la artera maniobra encabezada en el seno del Constitucional por Conde-Pumpido y las manifestaciones de Illa, Junqueras y Aragonès evidencian la determinación de los autores de este golpe, desatados hasta el punto de llamar golpistas a jueces y magistrados que se limitan a seguir los cauces legales. La situación es de una gravedad extrema. Si el Tribunal Constitucional y el CGPJ se desmoronan ante el embate de socialistas y separatistas será el fin de la separación de poderes y de la democracia en España.
Salvo reacción judicial, política y ciudadana, habrá referéndum.