Un juez de Barcelona ha admitido a trámite una querella del por tantas razones minúsculo Pere Aragonès en la que denuncia haber sido espiado por el CNI. El juez ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del Centro, además de exhortar al Tribunal Supremo para que le diga si esa injerencia estaba o no autorizada por el magistrado del alto tribunal encargado de hacerlo. Otro Juzgado de Barcelona, al que ha llegado una querella similar, ha decidido, como es lógico, esperar a saber si la intromisión estaba o no autorizada judicialmente. Cuando vea que lo estaba, archivará y a otra cosa. El otro, en cambio, no puede esperar y tiene que acusar a la funcionaria para humillarla y congraciarse así con el señorito que la destituyó.
Es el mismo juez que citó a declarar en la misma condición de investigado a Pablo Casado tras una querella de la Generalidad por haber dicho lo que todo el mundo sabe, que en los colegios catalanes se persigue a los niños que hablan castellano. Tras año y medio de investigación, el juez alcanzó la conclusión a la que muy bien podía haber llegado antes de iniciar el procedimiento. Es decir, que aquellas manifestaciones, por desafortunadas que a él le parecieran, que ya dijo indebidamente en el auto de archivo que se lo parecían, estaban amparadas por la libertad de expresión y no eran constitutivas de delito. Pero, durante año y medio trajo al retortero al expresidente del PP. A nadie sorprenderá saber que el togado pertenece a la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia.
Son tantas las veces que el PSOE ha premiado a los magistrados que se comportan como los socialistas esperan, que los que cojean de la pierna izquierda se atropellan haciendo méritos que a veces ni siquiera les han pedido. Es natural porque, si se quiere llegar hasta dónde ha llegado Pumpido, habrá que hacer las cosas que ha hecho, y continúa haciendo, el presidente del Tribunal Constitucional.
Aparte está lo de la ministra de Defensa, a cuyas órdenes estaba la proba funcionaria. Es irritante que la también juez, que espera alcanzar las alturas por las que hoy campea Pumpido, haya callado y no haya hecho lo que cualquier gobernante de bien, que no es otra cosa que lo que en cierta ocasión Margaret Thatcher hizo en la Cámara de los Comunes. Esto es, declarar que la orden de espiar a los golpistas la dio ella cumpliendo con su obligación. Y añadir que, si el juez considera que eso es un delito, que la investigue y la llame a declarar a ella. Naturalmente, Margarita no lo hará. Los demás sólo podemos agradecer a la exdirectora del CNI que cumpliera con su obligación y defendiera a nuestra nación, que es la suya. Ha de saber que en España ser investigada por tal "delito" es hoy un honor. Bendita sea, Paz Esteban.