El pacto alcanzado por el PSOE y ERC incluye un apartado económico de gran importancia para las finanzas de la comunidad catalana, una de las más derrochadoras y endeudadas de España. Como argumento principal para comprar el apoyo de Rufián y sus seis compañeros de bancada el acuerdo establece una quita de la deuda de "unos 15.000 millones de euros", lo que supone el 18% de toda la deuda viva que han ido acumulando los gobiernos separatistas de la Generalidad. La medida se extendería al resto de comunidades autónomas del régimen común, en fecha sin determinar y después de un estudio técnico cuyas claves tampoco se han dado a conocer, lo que constituye una ilegalidad manifiesta y un escándalo político de enormes dimensiones que los demás gobiernos autonómicos no deberían siquiera entrar a valorar.
El pacto de Sánchez con ERC es ilegal porque incumple lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera la potestad de modificar el actual modelo de financiación autonómica. Dicho órgano, que agrupa a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) bajo la presidencia del ministro de Hacienda, es el único competente para aprobar medidas como las acordadas con Junqueras, que suponen una financiación a la carta para la Comunidad Autónoma de Cataluña y el establecimiento de no pocas concesiones financieras pactadas a espaldas del resto de autonomías.
Sánchez se salta la ley a la torera para acordar bilateralmente con su socio separatista todo tipo de gabelas, prohibidas por ley porque desnaturalizan el propio sentido de un sistema de financiación autonómico que no puede parcelarse en función de las urgencias políticas del gobernante de turno. Para hacer tragar a las comunidades del PP con este monumental fraude, Sánchez promete que habrá una quita de deuda similar a todas las autonomías del régimen común.
La oferta (en realidad, un soborno) puede sonar bien a los demás ejecutivos regionales, especialmente a los de las autonomías peor financiadas como Valencia y Murcia. Pero no se trata de exigir un trato similar al pactado por Sánchez con Junqueras, como ya están insinuando algunos gobernantes populares, sino de denunciar la flagrante ilegalidad de un acuerdo que hace saltar por los aires los principios de igualdad en la financiación de los servicios públicos, coordinación y lealtad institucional, establecidos en la Constitución y recogidos de forma expresa en la Lofca.
Lo que se juega España en estos momentos no es la determinación de un porcentaje de quita de deuda pública, cantidad que, por otra parte, pagaremos todos los ciudadanos. Se trata de impedir que Sánchez siga adelante con su plan de garantizarse la investidura a cambio de trocear la soberanía nacional, subvertir el orden constitucional y destruir nuestro Estado de Derecho.