El día de los tradicionales canturreos monótonos de los niños de San Ildefonso se reunieron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Quizá uno sacaba los números y el otro cantaba los premios, pero todo apunta a que a la España constitucional y desesperada no le ha caído ni el reintegro. Mal día. Lo peor es que, como tantas otras veces, no era necesario.
Justo cuando jueces, fiscales, abogados y letrados habían decidido salir de la molicie y apostar con claridad por la independencia de la Justicia, levantar un dique a la amnistía y, en definitiva, al cambio de régimen, nos cae una mediación europea acordada por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Algo le pasa al PP con las siglas "CGPJ". Son ya demasiadas las ocasiones en las que promete reanimar el cadáver que dejaron Guerra y González en 1985 para luego soltarlo repentinamente como si hubiera abierto terroríficamente los ojos. Le pasó a Alberto Ruiz Gallardón, a Pablo Casado y dos veces a Feijóo. ¿Por qué? La Constitución española lo dice con claridad, la teoría política también: no es posible una democracia sin división de poderes. Si la composición del Consejo de los jueces estaba prorrogada era por algo.
Si se quería contar con Europa, como se está haciendo para denunciar el golpe de Sánchez con sus socios, bastaba con ponerla sobre aviso de que no es el PP sino Pedro Sánchez el que impide que en España los jueces elijan a los jueces. Sobran ejemplos, casos y documentación. Poner a Europa como testigo de una denuncia habría sido una mejor maniobra que hacerla mediar entre dos posiciones que deberían ser, o eso creíamos, diametralmente opuestas.
No le falta razón a Feijóo cuando dice que no es lo mismo el mediador salvadoreño para perpetrar el golpe de Sánchez que el de la Comisión que propone el PP. El problema es que por mejorar el perfil no cambia el método. Una cosa es traer a comisarios para que se convenzan de que hay un golpe de Estado que empezó en Cataluña y que persigue, acosa y expulsa a los que le hacen frente, y otra pensar que Europa debe acercar posturas entre quien no cree en la independencia judicial y quien dice defenderla. Eso sólo despeja el camino a Sánchez y a su proceso revolucionario que requiere el caos en todas las instituciones.
No se debe pactar cosa alguna con el gobierno del lawfare, el del señalamiento a jueces, el del perdedor que elimina delitos para conseguir apoyos. No hay posible pacto con el que inclina la cabeza ante la bandera de Cataluña y planta al rey de España siempre que tiene ocasión. No hay acuerdo bueno con el que cede la recaudación de impuestos a Cataluña, expulsa a la Guardia Civil y desaloja a UPN de la alcaldía de Pamplona para que la presida el partido de la ETA. No es posible fiarse de quien presume de no ser de fiar.
Bolaños, Pons y vuelta a 2022
El Gobierno pretende que su representante en la pantomima del Pacto de la Lotería sea Félix Bolaños, el pantocrátor. El que reúne en su figura la Trinidad del Poder como enemigo de la Constitución y el Estado de Derecho. La burla es excesiva y prueba que este gobierno sólo conoce la chapuza camorrista como práctica política.
Al otro lado asoma Esteban González Pons, que, si bien puede ser útil en el manejo de la política europea para denunciar y hasta impedir la amnistía, ya dio sobradas muestras de su errática acción respecto al CGPJ. Dijo en octubre de 2022 que la negociación con el Gobierno fracasó porque cualquier acuerdo era incompatible con eliminar del Código Penal el delito de sedición, como se había pactado con ERC. ¡Pues ahora estamos bastante peor!
Si en el PP quisieran remediar el desastre, la figura de Bolaños puede servirles para dar media vuelta.
Lo acordado ahora es renovar bajo supervisión europea el Consejo de los jueces con el sistema viciado y de forma "simultánea" sentar las bases para que la independencia llegue… dentro de cinco años. Es la tesis que ya expuso Didier Reynders, posible mediador: primero renovar mal y luego buscar lo correcto. In that order, como diría el futbolista que odiaba el fútbol. Pues aquí el orden de factores altera y mucho el producto. Es como decirle a un borracho que siga conduciendo hasta su casa y que "simultáneamente" vaya pensando en dejar la bebida.
Salvo por la figura del mediador, los términos del acuerdo son los mismos que en 2022. No nos pueden vender mejora alguna.
El pacto sólo beneficia a Sánchez
Si una democracia europea necesita mediadores entre el Gobierno y la oposición es que algo falla, y además en el peor momento imaginable. Esta excepcionalidad solo beneficia a Sánchez, que la busca a toda costa para cuestionar el sistema completo, desde la indivisibilidad de la nación hasta la monarquía parlamentaria. España aparece de sopetón en el panorama internacional como país tutelado, al borde de la figura de estado fallido, con golpes consentidos y alimentados para retener el poder, dependiente de prófugos y expresidiarios y ahora también con una oposición que, inexplicablemente, baja los brazos cuando estaba librando su mejor batalla. No cabe exponer más síntomas de debilidad.
Todo ello beneficia a Sánchez, que ya ni disimula en la lonja de las togas y habla sin tapujos de cupos de ideología, de su CGPSOE. Tiene al cuestionado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, a sueldo de causa y consintiendo que los golpistas catalanes, represaliados del Estado opresor español cuando llegue la amnistía, abran fuego contra los que defendieron la ley y la Constitución.
¿Quiere Feijóo demostrar que con Sánchez no se puede pactar si no es con testigos internacionales? No hacía falta llegar tan lejos. Que invite a todos los eurocolegas que quiera, que vengan a España. Pasen y vean. Habrá muchos jueces y fiscales que estarán encantados de hablar. ¡Si hasta se pusieron de acuerdo todas las asociaciones, todas, en denunciar el pacto con Junts! Pero ¿mediadores europeos? Lo siguiente será obligarnos a nombrar un ministro europeo o procónsul para lidiar con las cuestiones más espinosas de nuestra política. Y Bruselas hará de Roma. Y a lo mejor hasta nos conceden la ciudadanía.
No hay más vueltas que dar. La elección de los jueces no puede ser cosa de los políticos. Sin esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no hay pacto que valga y así nos lo había vendido el PP. Que lo denuncien en Europa o donde quieran pero no pueden volver a tropezar con las siglas de los jueces en el momento en el que Sánchez quiere cambiar nuestro régimen.
Una última consideración: en La Moncloa dicen estar "sorprendidos" y "encantados" con la fórmula propuesta por el PP. Malísima señal. Recapacite Feijóo.