No le ha faltado razón al eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez cuando ha advertido ante los micrófonos de Es la mañana de Federico que España se juega un "procedimiento de infracción" en caso de empecinarse en sacar adelante una ley de amnistía que, además de su clamorosa inconstitucionalidad, pretende dar impunidad a unos delitos para los que el Derecho comunitario es tan sensible como el de la malversación, el terrorismo y la traición. Aun así, lo peor para el gobierno de Sánchez no es sólo que la UE va, ciertamente, a "mirar con lupa" todo este proceso de demolición de nuestro Estado de derecho que implica la ley de amnistía, sino que también ya ha empezado a tomar cartas en un asunto tan espinoso para el gobierno como es ese otro proceso de corrupción que constituye el mal llamado caso Koldo o caso mascarillas. Y es que ya podrá el Gobierno de Sánchez negarse a las más que justificadas exigencias de dimisión o cese de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol o del actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres —implicados ambos durante sus etapas de presidente de Baleares y de Canarias, respectivamente, en la adjudicación de contratos a la empresa de la trama para la compra de mascarillas a sabiendas de que eran defectuosas—, que la Fiscalía Europea acaba de abrir diligencias para abrir una investigación sobre estos contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares, contratos que fueron sufragados con fondos europeos.
Y es que, con independencia de las consecuencias penales que puedan tener ambos expresidentes autonómicos, tanto en Europa como en España, lo que es un hecho es que ambos cometieron cuanto menos una gravísima irresponsabilidad in vigilando e in eligendo con la adjudicación de esos contratos a la trama corrupta. El hecho de que por ahora no aparezcan en el sumario del caso no es excusa para que no dimitan, teniendo en cuenta que ambos gozan de condición de aforados, tal y como sucede en el caso de Ábalos, para el que el Gobierno sí que ha pedido su dimisión como diputado. Tampoco es excusa para que Armengol y Torres no dimitan de sus actuales cargos el hecho de que ninguno de los dos ostenten ya el cargo de presidente autonómico que tenían en el momento de la adjudicación de esos contratos. Tampoco Ábalos ostenta actualmente el cargo de ministro bajo el que se desarrollo la trama y eso no ha sido óbice para reclamarle ahora su acta de diputado.
Lo que es un hecho es que, si Armengol estuvo tres años sin reclamar el dinero del contrato, 3,7 millones de euros, pese a saber que las mascarillas eran defectuosas y estaban acumulando polvo en un almacén, Torres tampoco tuvo reparo alguno en adjudicar hasta 12,2 millones de euros en nueve facturas a la empresa de la trama pese a que ya en la primera entrega se detectó que parte de la mercancía era defectuosa.
Así las cosas, y por mucho que Sánchez esté decidido a convertir e España en una república bananera, tanto en el asunto de la amnistía a sus socios golpistas, como en el asunto de la malversación y del tráfico de influencias que va más allá de la compra de las mascarillas y que también afecta a la propia esposa del presidente, no parece que la Unión Europea esté por la labor de allanarle el camino.