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EDITORIAL

Esquilmar a los españoles mientras llega la independencia

Ese es "su objetivo a corto plazo", romper la solidaridad interterritorial, anunciándolo precisamente en la institución que representa a todos los territorios.

El presidente del gobierno regional de Cataluña, Pere Aragonès, participó en la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada este lunes en el Senado, para defender la ley de amnistía con que Sánchez compró el apoyo del prófugo Puigdemont y anunciar que habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. La degradación de las instituciones españolas ha llegado al extremo de que un presidente autonómico anuncie en la cámara territorial su decisión de romper la Constitución, como hizo ayer Aragonès con la tranquilidad que proporciona el saber que tiene al Gobierno de España a sus pies.

Las ínfulas de este personaje menor en la trama golpista catalana resultarían ridículas si no fuera porque, con Sánchez en el Gobierno, los separatistas tienen garantizada la concesión de todas sus exigencias. Lo hemos visto con la amnistía y volveremos a verlo con la consulta independentista, que los separatistas ya han anunciado, sabedores de que tienen a Sánchez a su merced.

"La Ley de Amnistía es la victoria de la Cataluña que queremos", exclamó Aragonès desde la tribuna de oradores del Senado, presumiendo de unéxito del separatismo inimaginable con cualquier otro presidente en La Moncloa. A continuación, se mofó de Sánchez recordando sus frases más contundentes antes de las pasadas elecciones, cuando aseguraba que esa ley era inconstitucional y, por tanto, jamás la impulsaría. "Nos van a decir una vez más que es imposible", recordó Aragonès, pero eso "también nos lo dijeron con la amnistía hasta que les hicimos cambiar de opinión", lo que deja claro que están negociando con el PSOE y que, de una u otra forma, confía en que el referéndum secesionista se acabará celebrando.

Pero el nacionalismo catalán no solo amenaza con destruir la soberanía nacional y poner fin a la Constitución de 1978 con su proyecto secesionista. Mientras llega ese momento quiere también esquilmar al resto de España a través de un pacto fiscal bilateral que supone, de facto, la quiebra del sistema de financiación autonómico y la apropiación irrestricta de los ingresos estatales destinados a todas las comunidades autónomas del régimen común. Ese es "su objetivo a corto plazo", romper la solidaridad interterritorial, anunciándolo precisamente en la institución que representa a todos los territorios, buena prueba de hasta qué extremos de indecencia institucional nos ha llevado el sanchismo.

Los presidentes autonómicos del Partido Popular dieron la réplica adecuada a Aragonès mostrando su oposición frontal a los delitos pasados y los chantajes futuros anunciados por el presidente separatista. La más firme en su rechazo a las pretensiones del nacionalismo catalán fue Isabel Díaz Ayuso, que reprochó su victimismo cuando señala agravios inexistentes, mientras somete al yugo de su dictado a más de la mitad de los ciudadanos catalanes que quieren seguir siendo españoles. No estuvieron presentes, en cambio, los presidentes de las tres comunidades autónomas que aún le quedan al PSOE, cuyos titulares prefirieron ahorrarse esta afrenta, como si su silencio les exculpara de la vergüenza histórica que está protagonizando su partido.

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