El Congreso aprobaba esta semana una ILP –iniciativa legislativa popular– para iniciar el trámite parlamentario de regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros en España. Todos los grupos votaron a favor salvo uno. Alegaba desde Vox Rocío de Meer: "Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común". La ILP de marras contaba con unas 600.000 firmas. Poca cosa, pero nuestro conglomerado autonómico es muy amigo de las minorías: ahí están los 7 escaños de Junts con 395.000 votos. Asistimos en los últimos años a la mutación plebiscitaria de nuestra democracia parlamentaria: ese cáncer donde el pueblo, embaucado por un líder carismático y sin escrúpulos, le otorga el poder sin importar el uso que haga de él. Si hacen memoria, varios miembros del gobierno en los últimos años han obviado la coletilla constitucional de "el poder reside en el pueblo" para insistir en que reside "en las Cortes". Tanto criticar a la Casa Real y resulta que lo más parecido al poder regio de la Edad Media se encuentra en el hemiciclo.
Pero volvamos a la medida estrella de la semana. La primera columna que firmé en elperiódico se titulaba "El inmigrante y el buen ciudadano". El titular suena a entremés woke cutre del dieciséis, pero de alguna manera había que pagar la novatada. Por abreviar, trataba sobre un hombre negro que acudía religiosamente a pedir limosna al supermercado de un buen barrio. Y aquella escena hacía pensar en ese tufillo moralista de los que se rasgan las vestiduras en nombre de las políticas buenistas mientras son otros los que ayudan al vecino. Año y medio después, sus señorías siguen por los mismos derroteros. La medida, popular y compasiva, oculta un reverso preocupante. Francia nos muestra el camino. Se lo dice alguien que vivió al norte del país, junto a la frontera belga, y se despertaba los fines de semana con la llamada al rezo de la mezquita. Y recorría calles rotuladas únicamente en árabe, donde sólo se vendía carne halal, mientras no divisaba ningún europeo en kilómetros a la redonda. O fue advertido innumerables veces sobre los peligros de atravesar dichos barrios sin la compañía adecuada.
La bondadosa medida inflará el ego de los diputados. O, siendo más pragmáticos, quizás infle las cuentas de la Administración, que suma medio millón de mano de obra a la que esquilmar para sufragar las pensiones de otros nueve. Es lo único que parece importar a sus señorías, temerosos de una revolución gerontológica en forma de trasvase de votos. Pero la revolución será la del ejército que forman los llegados a una cultura que rechazan y quieren suplantar por la suya. La medida sólo alentará a las mafias a continuar con su negocio de trata y empeorará la convivencia y seguridad. Desconozco el momento en que el Estado decidió erigirse en ONG –esta semana también asistierona David Broncano por 28 módicos millones en la televisión pública–, pero la caridad tiene nombre y apellidos y sólo existe en las distancias cortas. Por eso es un asunto del ciudadano de a pie, mientras que los diputados y el Estado deberían ocuparse de la realidad. El problema es vivir al margen de ella. No sé si la realidad que relataba la diputada de Meer es racista, triste, xenófoba u odiosa. Solo sé que es la que tendremos.