El caso de la filtración de datos personales y secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso va cobrando la dimensión que requiere. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que identifique al "máximo responsable de la carrera fiscal" en la filtración. El inidóneo Álvaro García Ortiz sabe que esta solicitud es como las sospechas del gran Gila: "Alguien ha matado a alguien y no me gusta señalar".
Siguiendo la doctrina sanchista, en realidad el máximo responsable es el Gobierno. Así lo dijo el propio presidente y son pocas las decenas de ocasiones en las que lo hemos repetido. Tal fue la conversación entre Pedro Sánchez e Íñigo Alfonso, director de Las Mañanas de RNE:
—Sánchez: ¿Es que… la Fiscalía de quién depende?... ¿de quién depende?
—Alfonso: (largo silencio) Sí, sí… del Gobierno.
—Sánchez: Pues ya está.
Más allá de que el periodista se dejara llevar por el hecho de que RTVE es como la Fiscalía, aquel 6 de noviembre de 2019 quedó claro lo que se nos venía encima con la confesión más turbia del presidente. Porque resulta que Sánchez hablaba de Carles Puigdemont. Y se arrogaba el trabajo de la Justicia como una acción de Gobierno, ya fuera la instrucción de Pablo Llarena o lo que pudiera hacer la Fiscalía General, entonces representada por su ex ministra de Justicia Dolores Delgado, hoy esposa de Baltasar Garzón, origen de casi todo lo que pudre el Poder Judicial, condenado y apartado de la judicatura por el peor delito que pueda cometer un magistrado en el ejercicio de su función: la prevaricación.
El contexto completo de la confesión era que Sánchez, entonces presidente en funciones, había prometido traer a Puigdemont a España para juzgarlo. Era "un prófugo". No estaban todavía sobre la mesa la "concordia" y el "perdón". Ni los votos que lo valen.
Ante el escándalo, derivado de la sinceridad, el presidente trató de disolver el ácido de aquella doctrina con las primeras mentiras básicas del régimen. Lo hizo en Twitter:
Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019
En realidad, y eso es lo que hemos comprobado con el tiempo, la concepción de Estado de Derecho que maneja Sánchez vale para todo: para traer a Puigdemont de la oreja o para perdonarlo y servirse de su apoyo. Y, por supuesto, para resolver cualquier duda o eliminar cualquier obstáculo.
Volviendo al caso, aunque sólo sea un ejemplo, todo esto significa que si un ciudadano tiene un problema, incidencia o desajuste con el Fisco no siempre se entera toda Europa. Pero si ese ciudadano, al que nadie reconocería por la calle ni por su nombre, salta en los sistemas de la Stasi sanchista como novio de Isabel Díaz Ayuso, enemiga pública número uno de la izquierda y alguna derecha… "¡pues ya está!". Tal es la igualdad ante la ley.
El sistema lleva, además, la marca de la casa, el sello garzonita de Cacerías Gürtel: escuchar a los presos con sus abogados o, en este caso, intervenir los correos de un abogado con un fiscal y filtrarlo a un medio comprometido con el periodismo de servicio público, tanto como el de la Fiscalía al que aludió Sánchez. O sea, subordinación jerárquica. Pues ya está.
No había terminado de cocerse el asunto cuando la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, se adelantó porque su lengua va siempre muy por delante, cuando no a expensas, de su cerebro. ¡Qué sorpresa leer en la prensa la noticia sobre el novio de Ayuso! El problema era que nadie la había publicado cuando ella habló. Vio la luz cinco horas después. Así que el escándalo se agigantó y le cayó encima al Gobierno. Pero donde dije digo… si te he visto no me acuerdo, que diría Marisú.
El inidóneo Álvaro García Ortiz debería estar fulminado y pidiendo trabajo de pasante en Balta&Lola, pero habrá que esperar a que, acostumbrado a tan efusivos abrazos y arrumacos al Poder Ejecutivo, se le escape un piquito fuera de lugar para que caiga sobre él todo el peso de la verdad, modo Rubiales. De momento, dicen que hay que preguntar a la Fiscalía de Madrid, a ver qué pasa. La vida privada de un ciudadano no se puede airear bajo ningún pretexto, menos aún para dañar a un rival político. Detrás del fiscal general debería desfilar hacia el banquillo la ministra responsable, ángel anunciador de la trama contra Ayuso.
Sin escrúpulos
Si el 11-M podría resumirse con la expresión "¡Vale ya!", pronunciada por la fiscal Olga Sánchez cuando se negaba a admitir la existencia de cualquier otro explosivo que no fuera Goma 2 ECO, el régimen socialista de Sánchez lleva grabado un lacónico, impertinente y autoritario "¡Pues ya está!", que cierra toda polémica.
Y por ese mismo principio el Gobierno envía cartas a las empresas españolas con intereses en Israel para que dejen de operar o se lo hagan mirar. ¿Les perseguirán si no hacen caso? ¿Pondrán lupa en sus cuentas? ¿Tendrán que firmar un manifiesto empresarial de reconocimiento incondicional del Estado palestino?
Bajo el eficaz aforismo, el propio presidente pide también al gran empresariado patrio que arrime el hombro para frenar "a la ultraderecha". ¿Cómo? ¿Qué deben hacer el Santander o el BBVA o Telefónica o Repsol o Acciona respecto a un partido político legal? ¿Es que pueden hacer algo? Por otra parte, no se recuerda una sola palabra o reflexión alguna sobre qué debería hacer el IBEX respecto a Bildu, marca blanca de ETA, una banda terrorista, que sostiene al gobierno del PSOE porque no tiene votos suficientes. Pues ya está.
La premisa determinista sirve igualmente para ponerle a Begoña Fundraiser un abogado: Antonio Camacho, uno de los peones del chivatazo a ETA en el Bar Faisán, el peor y más vergonzoso episodio de colaboracionismo de un Gobierno con una banda terrorista. En aquel bar, de hecho, empezó la rendición, la traición fundacional. La buena noticia es que Begoña ya necesita abogado y que deberían necesitarlo también su esposo y su cuñado, aunque esas brevas están soldadas a la higuera del poder.
Pedro no tiene escrúpulos en su proyecto personal peronista y cada vez se esfuerza menos en ocultarlo. Si las cosas se tuercen pues llora en soledad tras una amarga carta a la ciudadanía o se siente como el tiroteado de Eslovaquia o descuelga de nuevo la enseña nacional del balcón de Ferraz "porque estamos en España". Cada vez son más los ciudadanos que han aprendido la lección. Le falta comprenderla del todo a la oposición: cualquier desavenencia propia o ajena, cualquier obstáculo o crítica al régimen puede merecer una inspección y hasta un montaje.
El bulócrata denuncia los bulos mientras vive de ellos. Es insaciable. no hay posibilidad de entendimiento con quien esquiva el Estado de Derecho para seguir en el poder. Y menos todavía en materia de Justicia. Solo cabe el vade retro. Merecemos, cuanto antes, entonar un placentero y esperanzador "¡pues ya está!".