La declaración hace diez años de la infanta Cristina en la Audiencia de Palma de Mallorca resultó bastante menos problemática que la que protagonizará este viernes Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en los juzgados de plaza de Castilla. Cristina de Borbón fue grabada antes, durante y después de su comparecencia ante el juez José Castro, que la interrogó en relación a dos delitos de fraude fiscal cometidos por su entonces marido, Iñaki Urdangarin, en el marco del caso Nóos. Impedir cualquier trato de favor a la infanta Cristina en su peripecia judicial fue uno de los objetivos de aquel expediente, todo lo contrario de lo que se intenta en el caso de Begoña Gómez.
Este viernes no habrá imágenes de la esposa de Pedro Sánchez entrando en el juzgado. Los servicios de Moncloa han conseguido que la Audiencia de Madrid acepte que la "infanta" Begoña entre en las dependencias por el garaje, evitando de ese modo la llamada "pena de telediario", el tránsito de la señora Gómez por la pasarela de los juzgados. Los servicios de seguridad de Moncloa y la defensa de la mujer del presidente han logrado ese privilegio aduciendo un supuesto riesgo para la integridad física de la investigada. Está por ver si el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acepta la petición de la defensa de Gómez de que no se registren imágenes de la deposición de la esposa del presidente, que exige un trato de miembro de la realeza, unas deferencias y privilegios que contrastan vivamente con su condición de ciudadana común, normal y corriente, sin cargo público o estatus que justifique excepción alguna en su paso por los juzgados.
La relevancia pública que aduce su defensa es evidente y notoria. Es evidente que ha acompañado a su marido en mítines del PSOE donde ha sido aclamada a los gritos de "¡Begoña, Begoña, Begoña!" por los enfervorizados militantes de dicha formación política. Es obvio que doña Begoña es un personaje público, pero en España la esposa del presidente del Gobierno no es la primera dama. Ni siquiera la segunda o la tercera. Tal cargo no existe ni ha existido nunca en España. Hasta ahora las esposas de los presidentes del Gobierno habían pasado desapercibidas en términos judiciales y si habían hecho algún uso de las prebendas de su condición de "esposas de" fue siempre por razones de índole social o benéfica, nunca en el ejercicio de sus carreras profesionales.
Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno que utiliza a su esposa en términos políticos y también es la primera vez en España que la esposa del presidente se dedica a actividades en las que su condición marital induce a confusiones que pueden resultar altamente rentables para la pareja. No cabe duda de que la imputación de su mujer es un hecho inédito del que el presidente quiere borrar todo rastro audiovisual. Pero debería ser el primer interesado en que hubiera la máxima transparencia, luz y taquígrafos a espuertas si es que no hay nada que ocultar ética o legalmente.
Miles de ciudadanos españoles se exponen cada día a situaciones duras y difíciles en los tribunales, sean inocentes o culpables, testigos o investigados, estén acostumbrados a los juzgados o se enfrenten por primera vez a una experiencia de esa índole. Son iguales ante la ley, entran por las mismas puertas acompañados por sus abogados, sean de oficio o un exministro de Interior socialista como en el caso de la señora Gómez. Que se entre y se salga por las mismas puertas es precisamente lo poco que hay de igualdad ante la ley entre Begoña Gómez y los demás ciudadanos. En el caso de la infanta Cristina, su exposición mediática constituyó toda una campaña a favor de la igualdad en España. Los privilegios de Begoña Gómez son todo lo contrario. Expresan de manera absolutamente descarnada el acusado sesgo caudillista de Sánchez, que utiliza la "cláusula" de la relevancia pública a placer y conveniencia. Focos en los mítines y censura en los juzgados entre amenazas de cierre de los medios de comunicación que informen del asunto. Un juez de Madrid del que se inventaron el bulo de que tenía dos carnets de identidad y millones de pisos en propiedad es el último obstáculo entre Sánchez y su objetivo.