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La historia de Rachid

La pregunta se antoja simple: ¿Nos lo podemos permitir?

La pregunta se antoja simple: ¿Nos lo podemos permitir?
Un menor no acompañado. | EP

Acabo de leer en un periódico de mi ciudad, La Vanguardia por más señas, la historia de Rachid. Ahí he acusado recibo de que Rachid decidió ocultar a su madre la intención de abandonar Chauen, su localidad natal, un lugar "muy turístico" —informa la autora del reportaje—, el sitio donde había vivido hasta los 17 años. Así, tras una peripecia migratoria ilegal con escalas en Melilla y Algeciras, Rachid se dirigió a Barcelona para, acto seguido, ser alojado por la Generalitat en una residencia para menores no acompañados hasta que alcanzó la mayoría de edad. Un instante, ese, muy difícil de precisar si, como suele ser norma, los menores carecen de documentación.

Por lo demás, nada se nos dice en el reportaje sobre la eventualidad de que la madre de Rachid o algún otro adulto de su familia en Marruecos hubieran sido informados por las autoridades catalanas de que el niño estaba bajo su custodia en España. Tampoco se da cuenta de gestión oficial alguna orientada a tratar de devolver el niño a los titulares legales de su patria potestad. Rachid llegó a Cataluña y, simplemente, se le retuvo en una residencia institucional. Luego, una vez alcanzada la mayoría de edad, a Rachid se le facilitó un piso en la ciudad de Barcelona, vivienda de titularidad pública que tuvo que compartir con otros dos antiguos tutelados, además accedió a una retribución mensual para sus gastos personales y manutención de 755,82 euros, todo ello condicionado al compromiso de seguir un plan de estudios personalizado.

La historia acaba bien: ahora, Rachid trabaja de cocinero y parece ser que ha logrado un domicilio propio. Desde el punto de vista humano, nada que objetar, al contrario. Pero, ya desde una óptica colectiva, ocurre que Barcelona es la ciudad con los alquileres más prohibitivos de España (1.200 euros de media en junio) y que muchos jóvenes y pensionistas locales ingresan menos de 755 euros al mes. No se trata de demagogia populista, tampoco racismo de brocha gorda; es solo la verdad. Por eso, la pregunta se antoja simple: ¿Nos lo podemos permitir?

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