Ya resulta bochornosamente significativo que el presidente del Gobierno, en lugar de aprovechar la oportunidad que le brindaba su citación como testigo para demostrar que no ha hay "nada de nada "en la causa abierta contra Begoña Gómez, tal y como insistentemente ha manifestado, haya preferido acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa. Y no lo decimos tan sólo por el manido refrán del "quien calla otorga", sino también porque nadie mejor que Pedro Sánchez podría demostrar el carácter supuestamente espurio de las acusaciones que pesan contra su esposa si efectivamente se tratasen de una artera maniobra política.
Ahora bien. Si la negativa de Pedro Sánchez a declarar como testigo, en lugar de disipar, alimenta las sospechas, su caciquil decisión de utilizar la Abogacía del Estado para querellarse contra el Juez que ha osado investigar a su esposa y tomar a él declaración como testigo, evidencia tanto el sentido patrimonial que el endiosado presidente del Gobierno tiene de las instituciones del Estado como la voluntad de lanzar un totalitario y amedrantador aviso a navegantes a todo juez que ose considerar al presidente del gobierno como alguien que está sometido, como cualquier otro ciudadano, al imperio de la ley.
Se supone que la Abogacía General del Estado, como indica su propio nombre, es un órgano de la Administración responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas. Ahora bien, que sepamos, Begoña Gómez no forma parte de la Administración General del Estado, y entre las funciones que la ley destina a la Abogacía del Estado no está la de querellarse contra un miembro del Poder Judicial por investigar a una mujer o por citar a declarar como testigo a su marido, por muy presidente del Gobierno que este último sea.
A pesar de que Peinado no ha hecho desplazarse a Sánchez al juzgado para tomarle declaración, sino que ha sido el juez quien que se ha desplazado hasta La Moncloa, el hecho de que Peinado no se haya doblegado a la exigencia que el presidente del Gobierno le hiciera por carta de declarar por escrito, ha llevado a Sánchez a movilizar a la Abogacía General del Estado para presentar una querella nada menos que por prevaricación. Esa querella acusa al Juez de dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Vamos, como si el abogado del Estado supiera mejor que el propio Peinado las razones por las que el Juez ha citado a declarar a Sánchez; como si la ley de Enjuiciamiento Criminal, y concretamente su artículo 412, no permitiera en ningún caso tomar declaración a un presidente del gobierno si no es por escrito; como si por desobedecer Peinado a Sánchez, a sabiendas de que lo desobedecía, constituyera delito alguno.
Según ese bodrio jurídico con forma de querella, el juez que tomó declaración como testigo a Rajoy cuando era presidente del gobierno —y se la tomó, no en La Moncloa, sino en el juzgado— habría perpetrado un delito de prevaricación. Lo mismo cabria decir del juez que cito a declarar a la Infanta Cristina.
Mención aparte merecería los inadmisibles exabruptos y ataques que la ministra Pilar Alegría ha dirigido contra el juez tras el Consejo de Ministros, dejando en evidencia el caso omiso que este Gobierno hace a las amonestaciones que hace escasos días le dirigía Bruselas por sus ataques al poder judicial.
Naturalmente, el hecho de que un juez cite como testigo —no digamos ya si lo sienta en el banquillo de los acusados— a un presidente del Gobierno siempre tiene y tendrá efectos extraprocesales y puede tener efectos electorales. Pero la única forma de evitarlo es algo tan sumamente contrario a derecho como situar al presidente del Gobierno o a sus parientes por encima de la ley. Esa es, precisamente, la pretensión que destila Sánchez con su proceder: no ponerse al servicio del Estado y del Poder Judicial sino socavar toda división de poderes para poner a todo el Estado a su servicio.