Tras una semana con el foco mediático centrado en la crisis con Venezuela, tras conocerse el papel que Sánchez y Zapatero están desempeñando en la operación de blanqueamiento del régimen de Maduro, el Gobierno pretende retomar la iniciativa anunciando una ronda de contactos con los presidentes de las comunidades autónomas del régimen común. El objetivo último de estas reuniones, como es bien sabido, es forzar un acuerdo que permita al Ejecutivo social-comunista otorgar una financiación privilegiada a Cataluña, en cumplimiento del acuerdo con ERC para hacer presidente de la Generalidad al candidato socialista.
Así pues, el Gobierno pretende dar inicio esta semana a los contactos con los presidentes autonómicos, por orden de antigüedad estatutaria, para organizar un calendario de encuentros que tendrán lugar en el Palacio de la Moncloa. En esas reuniones, es obvio que el tema central será las contrapartidas presupuestarias que Sánchez está dispuesto a entregar a cada autonomía para arrancar su apoyo al acuerdo para la soberanía fiscal de Cataluña. Estamos, qué duda cabe, ante una compra de votos con dinero público para tratar de romper la unidad que los gobiernos autonómicos, especialmente los 12 en manos del PP, en su rechazo a los planes de Sánchez para seguir contando con el apoyo de sus socios separatistas.
En Moncloa afirman, con la desfachatez habitual de este Gobierno, que estas reuniones bilaterales son necesarias para "reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones". Lo cierto, sin embargo, es que estos encuentros se anuncian justo después de que el Gobierno tentara a las regiones del PP ofreciendo "financiaciones singulares" o "quitas" para dividir al partido en su batalla contra el cupo catalán. Si Sánchez no necesitara el apoyo de las comunidades autónomas para aprobar su financiación a la carta de la Generalidad de Cataluña, es seguro que esa ronda de reuniones jamás se habría organizado.
Además del oportunismo que rodea toda esta operación, cabe recordar que la financiación autonómica, por su propia esencia y régimen jurídico, no puede ser objeto de negociación particular. Ha de establecerse de manera uniforme para todas las autonomías del régimen común y negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Económica, creado precisamente para dar sentido al mandato constitucional que obliga a fundamentar en la solidaridad interterritorial la financiación de las autonomías, con prohibición expresa de otorgar privilegios económicos o sociales a unas comunidades respecto a otras.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular no pueden participar en este enjuague del sanchismo, ni siquiera para mostrar su oposición personal a un presidente del Gobierno que trata de utilizar estas entrevistas en su propio beneficio. La manera más contundente de mostrar esa repulsa es no acudir a esta trampa con la que el Gobierno trata de romper la unidad de las autonomías contra el establecimiento de una financiación a la carta para Cataluña. Un rechazo que, no por casualidad, comparten las comunidades gobernadas por los propios socialistas.