La radio televisión pública española es un mastodonte mediático extraordinariamente oneroso, puesto al servicio del Gobierno con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos. La abundantísima oferta de medios audiovisuales privados, además, hace innecesaria la existencia de televisiones y radios públicas como RTVE y todas las radios y televisiones autonómicas, dependientes a su vez de los gobiernos regionales que las financian. El colmo de estos chiringuitos mediáticos, dedicados a manipular la información en beneficio de los distintos gobiernos, es que su propio funcionamiento interno provoque escándalos como la reciente suspensión de las pruebas para informador de RTVE de este pasado fin de semana.
Ni en los tiempos más chuscos de la administración socialista de la Junta de Andalucía se producían episodios tan lamentables como la filtración de las preguntas de los exámenes a través de una red social, tal y como ha ocurrido este fin de semana en RTVE. Los 5.000 aspirantes a las plazas de informador de TVE se encontraron con la suspensión de la prueba, anunciada unos minutos antes de su comienzo, sin que desde el ente público ofrecieran explicaciones convincentes de los motivos que habían llevado a la anulación del examen. Más tarde se supo que la causa de cancelación de la prueba fue la filtración de las preguntas por un miembro del tribunal "vinculado a un sindicato". Los miles de aspirantes convocados, muchos de ellos desplazados desde distintos puntos de España, vieron así frustrado el esfuerzo realizado para estar en Madrid, además de haber incurrido en un coste económico que RTVE debería compensar adecuadamente como responsable del desastre.
El escándalo del intento de enchufismo en TVE agrava el descrédito de una institución que acumula motivos para exigir su desaparición por motivos de racionalidad económica y, ahora también, por una cuestión de decencia pública. Lejos de proporcionar un cierto servicio público de manera aséptica, RTVE trata de imponerse a las televisiones privadas compitiendo en las franjas de mayor audiencia gracias a las millonarias inyecciones anuales que le proporciona el Gobierno. El resultado es una televisión convertida en felpudo del sanchismo, que no teme agravar su déficit descomunal realizando fichajes mediáticos que roben audiencia a los medios privados, que se financian exclusivamente con los ingresos de sus anunciantes.
España tiene ahora mismo 12 televisiones autonómicas (algunas con varios canales) y 15 emisoras de radio autonómicas, a lo que hay que sumar los siete canales de televisión de TVE y las cinco cadenas de radio pertenecientes a RNE. Es todo un entramado de medios sin la menor justificación económica, informativa y, desde luego, política. Escándalos como el de las pruebas de informador de RTVE son un motivo más para exigir el cierre de todos estos chiringuitos mediáticos, cuya única finalidad apreciable es enchufar a los afines y arrastrarse a los pies del gobierno del que dependen.