Muchos lectores podrán recordar el encomiable discurso pronunciado el pasado 4 de septiembre por la nueva presidenta del CPGJ y del Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial en el que Isabel Perelló hizo un "llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan" y en el que advirtió que, si bien "las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica", "las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto", por lo que ha pedía "evitar ataques injustificados".
Pues bien. En coherencia con esas palabras de su presidenta, es de esperar que el Órgano de Gobierno de los Jueces no tarde en emitir una queja o una amonestación ante las gravísimas y bochornosas declaraciones que el presidente del Gobierno ha lanzado este miércoles en las que ha insinuado que los jueces actúan en connivencia con el PP. "Juegan con las cartas marcadas", ha llegado Sánchez a afirmar insinuando que miembros del PP como Miguel Ángel Rodríguez o Feijóo conocen los movimientos judiciales de antemano.
Si no debemos insensibilizarnos ante declaraciones de tal gravedad cuando las pronuncian los aliados golpistas y separatistas del gobierno, menos aun lo debemos hacer cuando es el propio presidente quien falta al respeto a los jueces hasta el extremo de insinuar que pudiesen estar cometiendo un ilícito penal. Más aún cuando llueve sobre mojado: recuérdese que la Comisión Europea a finales de julio ya emitió un informe en el que lamentaba los ataques del gobierno a los jueces en España y en el que alertaba de los daños que estos producen.
Las nuevas y gravísimas insinuaciones del presidente del gobierno contra los jueces no lo son menos por el hecho de que se hayan pronunciado en una charla informal con los periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa. Más aún si tenemos en cuenta que el único órgano judicial bajo sospecha de hacer filtraciones y actuar en connivencia con el poder político es la Fiscalía General del Estado, cuyo presidente, Álvaro García Ortiz, está imputado y cuya dependencia del presidente del gobierno es algo de lo que el propio Sánchez no tuvo rubor en jactarse.
Precisamente en el mismo informe en el que advertía de la falta de respeto del gobierno a los jueces, Bruselas ya se lamentaba también de la falta de independencia de la Fiscalía en nuestro país poco antes de que García Ortiz fuese finalmente imputado.
Ya sabemos que a dirigentes con las pulsiones totalitarias de Pedro Sánchez siempre les molesta la oposición que pueda representar la prensa y la judicatura independientes. Pero en esa independencia radica precisamente la democracia, que es, precisamente, lo que está en riesgo.