Es cierto que hasta hace nada, Pedro Sánchez se oponía firmemente a someterse a una cuestión de confianza tanto como a fraccionar el llamado decreto "ómnibus", un totum revolutum legislativo con el que el gobierno social-comunista pretendía aprobar de una tacada nada menos que 80 medidas de muy distinta naturaleza y valoración y que, comprensiblemente, fue rechazado la semana pasada por el PP, Vox y Junts. A nadie debería sorprender, sin embargo, que Sánchez, con tal de sostenerse en la poltrona y dar la apariencia de que tiene una amplia mayoría para gobernar, se haya mostrado este martes dispuesto tanto a someterse a una cuestión de confianza como a trocear el Decreto ómnibus, que pasará de 80 a 29 medidas.
Y es que no es la primera vez que Sánchez es muestra del "donde dije digo, digo lo que diga Puigdemont": así se lo ha exigido el fugado golpista catalán y así se lo ha concedido nuestro nihilista presidente del gobierno. De esta forma, el decreto ómnibus se reducirá a las medidas mal llamadas "sociales" que, aun así, siguen agrupando 29 medidas de tan distinta naturaleza como las ayudas a los afectos por la DANA y el volcán de la Palma, la revalorización de las pensiones y las ayudas del abono transporte, con medidas mucho más reprobables, como la prórroga del decreto antidesahucios —complementada con un seguro de impagos a cargo de los contribuyentes—, así como las subvenciones a los menores migrantes en Ceuta o la donación al PNV del palacete parisino en el que el Instituto Cervantes tiene una de sus sedes y por el que el Estado español pasará a tener que pagar a los nacionalistas vascos un alquiler de un millón de euros anuales.
Es por ello por lo que, a pesar del "troceamiento" del decreto ómnibus, PP y Vox siguen teniendo legítimas y fundadas razones para votar negativamente a este nuevo decreto de urgencia que, aun en menor medida, sigue siendo un injustificable totum revolutum. ¿O acaso no es legitimo desde un punto de vista democrático estar en contra de las subvenciones a los menores migrantes y, al mismo tiempo, a favor de las ayudas a los afectados a la Dana? ¿Acaso tampoco es legitimo estar a favor de la revalorización de las pensiones y, al mismo tiempo, en contra de la prórroga de un demencial decreto antidesahucios que ha blindado y ha disparado las okupaciones en España? Es lógico que, ahora Junts, con este nuevo ómnibus, se pueda jactar de que el Estado asumirá los impagos de alquileres y los destrozos en los inmuebles okupados, pero ¿lo es que un partido como el PP o Vox respalden tan injusta y, en el fondo, antisocial medida?
Si lo que temen el PP y Vox —más bien, el primero— es que las terminales políticas y mediáticas del gobierno social-comunista le puedan reprochar su futuro voto negativo a este decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones o las ayudas a los afectados por la Dana, la oposición constitucionalista a este gobierno artero siempre podrá demostrar su apoyo a ambas medidas mostrando sus ya presentadas o anunciadas proposiciones de ley en este sentido. Habrá que hacer, eso sí, un enorme esfuerzo de comunicación y de pedagogía política.
Tiempo habrá para ver qué hará ahora el principal partido de la oposición y lo que hará finalmente el gobierno respecto a su súbita disposición a someterse a una cuestión de confianza. Pero lo que ya es evidente es que Pedro Sánchez, en su relación con los separatistas, es el más claro exponente de esa máxima de Groucho Marx que decía "estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros". Para reír si no fuera para llorar.