Entre las muchas amenazas proferidas por Trump está la de recuperar la soberanía sobre el canal de Panamá. La patochada podría no ser tal. Cuando a principios del siglo XX el Senado colombiano dejó sin ratificar el tratado por el que cedía a los Estados Unidos los terrenos para construir el canal, Theodore Roosevelt favoreció la independencia de Panamá y el nuevo Estado cedió los derechos para construirlo. Estuvo terminado en 1914. Al estallar la Guerra Fría, uno de los muchos movimientos que en Hispanoamérica se opusieron al supuesto imperialismo yanki fue el que se vivió en Panamá. Hasta que finalmente el recientemente fallecido Jimmy Carter firmó con Omar Torrijos en 1977 dos tratados, el de neutralidad, que garantizaba que la vía no caería en manos extranjeras, y el del canal propiamente dicho, que previó su entrega al Estado de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Antes, en 1997, se celebró un concurso para que, cuando el canal fuera devuelto a Panamá, una empresa se ocupara de operarlo y de gestionar los dos puertos situados a ambos extremos de la vía, Cristóbal, en el Atlántico y Balboa, en el Pacífico. La empresa vencedora fue una con sede en Hong Kong. La colonia británica había a la vez dejado de serlo, pero conforme al principio de Deng Xiaoping, un país dos sistemas, la excolonia siguió disfrutando de las libertades económicas y ningún inconveniente hubo en que una empresa establecida allí operara la estratégica infraestructura.
El problema llegó con Xi Jinping, que puso fin a las libertades políticas y económicas de Hong Kong y hoy las empresas hongkonesas son tan privadas como el Gobierno comunista quiera que lo sean. Mientras, Pekín ha implantado una iniciativa con la finalidad de influir en todas las naciones que se dejen a cambio de financiar costosas obras públicas. Una de las que se ha sometido a tal programa es Panamá. A la vez, en 2021, con Biden en La Casa Blanca, el presidente panameño renovó el contrato con la compañía china que se ocupa del canal, a pesar de haberse retrasado en los pagos, algo que produjo gran escándalo en el país.
Los dirigentes panameños alegan que el canal está gestionado limpiamente y el principio de neutralidad se respeta. Es probable que sea así. Pero, ¿lo seguirá siendo si finalmente estalla la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Y si China invade Taiwán? ¿No cerrarían en tal caso los chinos el canal para entorpecer la llegada al estrecho de Formosa de los barcos estadounidenses que se hallaran en el Atlántico? El primer tratado, de los dos firmados por Carter y Torrijos, autoriza a los Estados Unidos a intervenir militarmente si ve amenazada la neutralidad de la vía transoceánica. No es necesario que haya sido comprometida, sino que basta que esté amenazada. Y los que tienen que apreciar si hay o no amenaza son los propios Estados Unidos. No hay que olvidar que más del setenta por ciento del tráfico que por allí pasa es de bandera estadounidense. Y que China controle el canal es una obvia amenaza, aunque sea a través de una empresa otrora independiente y su gestión haya sido hasta ahora impecablemente neutral. Algo de razón tendrán los norteamericanos cuando José Raúl Mulino, el presidente panameño, tras la visita del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, se ha comprometido a no renovar su integración en el programa de la Franja y la Ruta e incluso ha prometido desengancharse de él antes de que expire.
Mientras, en el resto de Occidente sorprende extraordinariamente que todavía quede en él una nación que haga una política exterior conforme a sus intereses y no ajustada a meros criterios morales, que en la práctica suelen estar alimentados por los enemigos de esa nación, como nos ocurre en España, que hacemos lo que le interesa a Marruecos, a China y a Rusia bajo el disfraz de que es lo que "hay que hacer" y sólo defendemos lo nuestro cuando coincide con lo que le conviene a Francia o a Alemania.