Los graves disturbios en la localidad gerundense de Salt tras el desahucio de un imán y su familia ofrecen una idea aproximada de lo que puede ocurrir en cuanto la Generalidad asuma las competencias en materia de inmigración. La primera providencia de la consejería de Interior fue enviar mediadores de los Mossos a parlamentar con los imanes de la población. Semejante gestión no ha sido en balde. Ha puesto de relieve la debilidad y la falta de autoridad de las autoridades competentes, ni autoridades ni mucho menos competentes.
Durante dos noches, las de este lunes y martes, jóvenes encapuchados han atacado a los Mossos, han intentado asaltar su comisaría, han montado barricadas en las calles y han causado toda clase de destrozos sin que conste ningún pronunciamiento para poner paz por parte de los imanes contactados por la policía autonómica. El imán desahuciado no quiere hablar. Una de sus hijas lo ha hecho ante las cámaras de TV3 para declarar en catalán que su familia no tiene nada que ver con los altercados.
El alcalde de Salt, Jordi Viñas, de ERC, alega que todo es culpa de la falta de vivienda, de lo caros que son los pisos en venta y los de alquiler y que lo tendría que hacer la Sareb es ceder los pisos vacíos para que los disfrute la ciudadanía. No obstante, ha informado de que el imán llevaba al menos tres años sin pagar la hipoteca, que el ayuntamiento no ha podido evitar el desahucio porque se enteró tarde, pero que el susodicho imán dispone de ingresos superiores a los límites establecidos por la administración municipal para ser acreedor de ayudas sociales. Un sindiós.
En paralelo, la Generalidad admite el deterioro en materia de seguridad pública y el incremento de los incidentes con armas de fuego. El pasado fin de semana, un hombre fue asesinado a tiros a la salida de una discoteca en Tarrasa. La policía autonómica refiere que se trataba de un asunto de drogas entre bandas latinas. A principios de este año, dos conocidos clanes del tristemente célebre barrio de La Mina (el de El Vaquilla) se liaron a tiros por las calles de la zona. Illa aseguró al respecto que los autores del tiroteo serían detenidos porque en Cataluña no hay impunidad y "quien la hace, la paga". El asunto se ha saldado de momento con cero detenidos y mucha mediación de los Mossos.
Pero sería injusto decir que el Govern no hace nada. Por ejemplo, Illa ha alertado de que este tipo de sucesos dan alas a la extrema derecha y a sus discursos xenófobos y racistas. Y hete aquí como el problema ya no son los disturbios de Salt ni los tiroteos en Tarrasa o La Mina, sino el PP, Vox y la señora Orriols, que son la extrema derecha según socialistas y separatistas.