La multitud de extranjeros, en general, y de menores indocumentados y sin acompañantes, muy en particular, que ilegalmente entran cada año en nuestro país constituye un problema político de primera magnitud, tanto en el ámbito legal, como en el económico y el de la seguridad ciudadana. Por ello, y por el hecho de que la disposición de uno a abrir la puerta de su casa a los foráneos desaparece cuando los ve entrar sin permiso por las ventanas, todo gobernante con un mínimo sentido de la responsabilidad y deseoso de preservar los beneficiosos efectos que tiene la inmigración cuando discurre por los cauces legales debería llevar a cabo una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal, empezando por un férreo control de nuestras fronteras que redujera al máximo posible la existencia misma del problema.
Es cierto que, aun cuando esa inédita política se llevara a cabo —España no sólo no la practica, sino que externaliza el control de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla a los cuerpos y fuerzas del chantajista gobierno marroquí—, todavía se podrían colar algunos inmigrantes a los que, siguiendo la misma lógica de no recompensar su entrada ilegal en nuestro país, se debería repatriar lo antes posible.
No es menos cierto, sin embargo, que dicha tarea de repatriación, no por determinante, resulta menos ardua y compleja, por lo que necesita tiempo, especialmente cuando se trata de menores sin acompañantes. Esa es la razón, unida a no menos elementales razones humanitarias, por las que durante ese tiempo los MENAS han de estar de forma transitoria a cargo de nuestras administraciones públicas, no sólo en las regiones por las que han entrado ilegalmente a nuestro país, sino de forma solidaria entre todas las comunidades autónomas de España.
Ahora bien. Nada de esto está llevando a cabo nuestro gobierno con la timorata condescendencia hasta la fecha del PP. Por el contrario, el férreo control de nuestras fronteras, a cargo de nuestras propias fuerzas armadas y destinado a evitar al máximo la entrada ilegal de inmigrantes, no sólo no se practica, sino que se denigra como belicosa xenofobia. El segundo filtro, que debería ser el de la repatriación de unos pocos, no sólo no se afronta sino que, al ser de miles, el problema se esparce multiplicado por toda España. Y para colmo, el reparto de los Menas entre las distintas comunidades autónomas no se va hacer con criterios de justicia y solidaridad sino al dictado de unas formaciones separatistas que lo que les preocupa no es la creciente cantidad de Menas que ha de soportar nuestro país sino tan sólo el que han de soportar sus respectivas comunidades autónomas.
Así, este martes hemos sabido que el Gobierno ha accedido a las pretensiones del partido de Puigdemont respecto del reparto de los más de 4.400 menores no acompañados que están varados, en su mayoría en Canarias, y que serán repartidos fundamentalmente entre las comunidades que gobierna en PP. Así, mientras el País Vasco y Cataluña apenas tendrán que hacerse cargo de algunos —Junts los cifra en tan sólo "20 o 30" en el caso de Cataluña—, comunidades gobernadas por el PP como Madrid tendrán que hacerse cargo de "más de 700". Y eso si nos fiamos de las cifras dadas por Junts, porque todo parece indicar que Madrid tendrá que hacerse cargo de 806; Andalucía, de 796 y Comunidad Valenciana de 477 frente a los 27 de Cataluña o los 87 del País Vasco.
Así las cosas, se entiende perfectamente que las autonomías del PP ya hayan anunciado que "se negarán a acoger menores inmigrantes si no hay capacidad" y que Ayuso haya incluso anunciado su disposición a recurrir a los tribunales y a la Unión Europea.
A la espera de datos definitivos y oficiales, lo que ya es evidente es que el mismo PSOE que denigra al PP por haberse entregado a la "xenofobia" de Vox es el que se ha entregado al chantaje de los "xenófobos" de Junts. Con una diferencia, que mientras los de Abascal abogan de forma muy simplista pero acertada por que la solución esté, no en el reparto, sino en la inmediata repatriación de los ilegales a sus países de origen, los separatistas de Junts quieren endosar ese problema al resto de España.
Ahora bien, la máxima responsabilidad de este desolador, creciente y gravísimo problema es del gobierno de Pedro Sánchez que no sólo no lo afronta con criterios nacionales y de Estado sino que lo utiliza para crear discordia y agravios comparativos entre las distintas regiones de España.