Cada minuto que pasa, Beatriz Corredor recibe un euro en su cuenta corriente. ¿Un café? Tres euros. ¿Un capítulo de Friends antes de dormir? 24 euros. ¿Ocho horas de sueño? 480 euros. Beatriz Corredor es licenciada en derecho y registradora de la propiedad, pero su trabajo a fecha de hoy es presidir Redeia, el operador eléctrico único de España. No obtuvo ese puesto por sus conocimientos acerca del funcionamiento de la alta tensión en largas distancias, ni por sus extensísimas capacidades organizativas, sino porque tenía el carné del PSOE, único mérito que atesora para la presidencia. El único necesario, en realidad.
En el ratito que he tardado en escribir el párrafo anterior Beatriz Corredor se ha embolsado otros cinco euros. Desde que se produjo el mayor apagón de la historia de Europa su cuenta corriente ha engordado en más de cuarenta mil. Sorprendentemente, y siendo la presidenta de la compañía responsable de una catástrofe sin precedentes conocidos desde la electrificación del país a finales del siglo XIX, no sólo no ha dimitido, sino que tampoco ha sido cesada. "Dimitir no es un nombre ruso", decían los peronistas del 15M hace década y media en la Puerta del Sol. Esa misma gente está hoy silbando mientras mira al tendido y a su alrededor el gobierno se entrama en un lodazal de corrupción y caos administrativo.
Cabe preguntarse si los 540.000 euros anuales que cobra Beatriz Corredor estarían mejor invertidos en otra cosa, como, idea loquísima que se me acaba de ocurrir, la red eléctrica de España. El problema no es sólo ella, claro. Hay una miríada de puestos técnicos en manos de gente cuyo único mérito es la lealtad canina a Pedro Sánchez y al PSOE. Pero el problema gordo, el de verdad, tampoco es una administración copada de enchufes que nos dejan sin luz.
"Tú sólo notarás que lo público funciona mejor". Así animaba la propagandista Marta Flich a pagar los impuestos cada vez más altos con una sonrisa. Tres años consecutivos de récords de recaudación después, lo público es un chiste y Marta Flich se ha convertido en un meme. Todos los servicios funcionan peor que hace diez años. No hay mes sin caos ferroviario. Lo que antes de caer en las zarpas del socialismo era una red de alta velocidad puntual como un reloj de cuco suizo se ha convertido en una lotería en la que uno no sabe cuándo sale ni cuándo llega. Que a uno le atiendan en una administración es una quimera. No puede uno caminar hasta el edificio correspondiente y entrar. Hay que pedir cita previa, pero, ay, justo en Internet no quedan. Qué mala suerte. Alguien podrá seguir jugando al Candy Crush tras la ventanilla. Las listas de espera en la sanidad siguen batiendo récords cada mes. Las carreteras de todo el país empiezan a acusar la falta de mantenimiento. Los resultados de la educación empeoran año tras año. La justicia, colapsada físicamente por toneladas de papel, fija juicios a tres o cuatro años vista. La inseguridad sigue creciendo lenta pero inexorablemente. Historias que antes abrían telediarios hoy ni aparecen en un suelto en página par. Tenemos suerte de que Andorra no sea un vecino belicoso, porque si nos invadiera llegaría a Cuenca antes de que alguien se percatara en el Ministerio de Defensa.
El fetiche con lo público nos ha llevado a tener una cifra histórica de 3,6 millones de empleados a sueldo del Estado; uno de cada seis. Si sumamos los trabajadores de ONGs que viven directamente de las subvenciones la cifra, sospecho, se va más allá de los cuatro millones. ¿Y para qué? Para recibir peores servicios y tener peores infraestructuras. Pero hay una institución pública que funciona bien en España. La AEAT. Hacienda dispone de presupuesto, personal y tecnología ilimitados para rebañar hasta el último céntimo del fondo del caldero. No se le escapa ni la paga de mi sobrino. Bueno, se le escapa el hermano de Pedro Sánchez viviendo en Portugal para pagar menos impuestos de su salario público español que cobraba sin ir a trabajar, pero aparte de esa minucia sin importancia, nada se resiste al ojo de Sauron del fisco.
Y la pregunta, en un país que lleva sin presupuestos generales del Estado desde 2020 y que recauda más que nunca, es muy obvia. ¿Por qué pagamos más impuestos a cambio de peores servicios? ¿Para qué sirven todos esos funcionarios, además de para maquillar las cifras de desempleo? Si no está sirviendo para mejorar la sanidad, la educación, la justicia, las infraestructuras o la seguridad, ¿a dónde está yendo el dinero?