Decía Esquilo que la primera víctima de una guerra es la verdad, pero lo cierto es que Sánchez ha recurrido a la mentira desde mucho antes de llegar al gobierno y, por tanto, desde mucho antes de emprender la guerra sucia contra la judicatura y la Guardia Civil que osan perseguir la corrupción de su entorno familiar y político. Aun así, el bulo lanzado por el gobierno, según el cual un capitán de la UCO, en una conversación privada con un confidente, hablaba de poner una "bomba-lapa" al coche de Pedro Sánchez, se lleva la palma. Más aun cuando ni siquiera este martes, cuando ya ha sido desmentido por los medios de comunicación progubernamentales y hasta la prensa británica se ha hecho eco de tamaña mentira institucionalizada, los representantes del gobierno han querido desmentirla: "Nos hacemos eco de una información publicada por varios medios. Es verdad que posteriormente algún medio ha considerado que una parte de esa conversación había que interpretarla de otra manera", es lo máximo a lo que ha llegado a decir Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo que fue una de las ministras que el sábado aludió a la "noticia".
Si a ello sumamos los audios que este martes publicaba La Razón, que revelan un plan para que un guardia civil denunciara prácticas irregulares para torpedear la investigación puesta en marcha por la UCO contra el ex ministro Ábalos; o el plan de la cloaca sanchista para tratar de desacreditar al Juez Peinado -uno de los jueces por los que más inquina ha mostrado el Gobierno hasta el punto de presentarle el propio Sánchez una querella- , podemos hacernos una idea de las nulas ganas del presidente del gobierno de comparecer ante los medios de comunicación y ante el parlamento.
Así, y tal y como ha denunciado el PP, la presidente del Congreso, Francina Armengol, ha arbitrado una "maniobra dilatoria" para conseguir que finalice el periodo de sesiones ordinario sin que el presidente del Gobierno tenga que someterse al escrutinio de los grupos, como así le reclama una mayoría creciente de fuerzas parlamentarias, incluidos algunos de sus principales socios.
La denuncia de los populares se produce como consecuencia de la negativa de Armengol de incluir entre los asuntos sometidos este martes a calificación en una "ronda de Mesa" la petición de comparecencia de Sánchez en el Pleno y la de varios ministros, así como de la directora general de la Guardia Civil, en comisión.
Lo peor es que, después de saberse esta maniobra del presidente del gobierno para no tener que comparecer en el Congreso, nuestro periódico publicaba en exclusiva un nuevo audio del abogado José Luis de Tejada enviado a la fontanera del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán, Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset para que se actuara inmediatamente contra el entonces presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, tras la imputación en octubre del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Recordemos que, tal y como desveló LD, que José Luis de Tejada ya conspiro en la cloaca del PSOE con la fontanera Leire Díez para tratar de apartar a a la titular del Juzgado nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, con el objetivo de dinamitar el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
Precisamente, Leire Díez ha acudido este martes a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, no sabemos si para para dar explicaciones de los audios en los que ofrecía favores fiscales al empresario Hamlyn a cambio de información para acabar con el Teniente Coronel de la UCO, Antonio Balas, o para consensuar con la dirección del partido las explicaciones que, sobre este asunto, dice que va a dar hoy miércoles. De hecho, lo único que sabemos es que la fontanera del PSOE ha pedido su baja voluntaria del partido sin que Ferraz haya hecho nada contra ella que no sea la ridícula apertura de un expediente informativo.
Ahora bien. Quien tiene que dar explicaciones es el presidente del gobierno. Todo apunta a que Sánchez es la X de esta "guerra sucia" contra las instituciones democráticas como son la Judicatura, la Guardia Civil y la prensa independiente.