—¿Y la Fiscalía, de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? —Sí, sí. Depende del Gobierno. —Pues ya está.
Seguro que los lectores recuerdan esta conversación en noviembre de 2019 entre el presidente del Gobierno y el periodista Íñigo Alfonso, cuando este le preguntaba cómo pensaba traer a Puigdemont a España.
El entonces candidato no sabía el eco que tendrían unas palabras que hoy son tan significativas y que, en el fondo, reflejan su desprecio por cuestiones tan primordiales como la separación de poderes, la democracia liberal o el respeto al Estado de Derecho.
En consonancia con ello, el Gobierno tiene la intención de aprobar una reforma que le daría a la Fiscalía un poder enorme tomando el mando de los procesos de instrucción.
Pero empecemos definiendo qué es un proceso de instrucción: es la fase inicial de un procedimiento penal donde se investiga si se ha cometido un delito, quién lo ha perpetrado y qué indicios hay del mismo.
En la actualidad, son los jueces los que desempeñan el rol de dirigirlos y, en las últimas semanas, múltiples procesos de instrucción han cobrado un protagonismo muy relevante al destaparse las supuestas corruptelas por parte de los dirigentes socialistas y su entorno: Koldo, Ábalos, Cerdán, la mujer y el hermano de Pedro Sánchez…
He de dejar muy claro que el texto que hay ahora mismo en el Congreso y el cual se está intentando que se vote en este mes no incluye esta cuestión, sino que sólo abarca la regularización de más de 1.000 jueces y fiscales interinos y la reforma del estatuto fiscal, por lo que no es cierto que, de momento, con la propuesta que está en las Cortes el Gobierno se vaya a hacer con el control de la UCO.
Pero sí que es verdad que el Gobierno tiene entre manos un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y poder conseguir tal fin. Dicha propuesta ya se presentó ante el Consejo General del Poder Judicial para que elaborara su preceptivo informe y su veredicto no pudo ser más claro: la reforma consolida un modelo en el que la Fiscalía concentra el poder investigativo sin contrapesos judiciales efectivos.
Es decir, la Fiscalía ahora mismo es un órgano jerárquico, así lo consagra el artículo 124 de la Constitución. De facto, esto quiere decir que el Fiscal General del Estado —puesto a dedo por el Gobierno e imputado por revelar secretos de la pareja de una adversaria política—, puede darles órdenes a todos y cada uno de los fiscales en España. Lo que nos dice el CGPJ es que darle a la Fiscalía la instrucción debilitaría aún más nuestra ya precaria separación de poderes.
Es más, estando en manos de un Gobierno que no tiene escrúpulos en hacer lo que sea con tal de sobrevivir, podemos dar por sentado que si la Fiscalía asume la instrucción se cerrarían las investigaciones que actualmente padece el entorno socialista.
La cuestión es: ¿cuándo se presentará? Vistas las atrocidades que ha hecho Francina Armengol en el desempeño de su cargo —como eliminar enmiendas que venían del Senado y sobre las que existía la obligación constitucional de ser votadas—, capaz es de incorporarla a última hora como enmienda para que se apruebe rápido y sin ruido. Aunque no creo que se atreva a tanto y lo más seguro es que se vote después del proyecto de ley que ya hay presentado en el mes de septiembre.
Uno de los principales argumentos que esgrime Félix Bolaños, Ministro de Justicia, es que la Fiscalía en otros países europeos se encarga también de la instrucción y que lo que están llevando a cabo es la homologación de nuestro sistema procesal con el del resto de países de la UE. Pero, ¿es cierto esto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis comparado para dilucidarlo.
En países como Dinamarca, Suecia, Países Bajos o Italia, la Fiscalía efectivamente lleva los procesos de instrucción, pero la diferencia es que en estos países hay controles democráticos que garantizan su independencia.
Si vamos a un modelo en donde no hay independencia en la Fiscalía y además esta tiene la instrucción de los casos nos puede pasar como Alemania en 2019. El Tribunal Superior de Justicia de la UE consideró que los fiscales alemanes no estaban capacitados para presentar euroórdenes al estar controlados por el Ministerio de Justicia. Esto obligó a cambiar la ley para traspasarles a los jueces la emisión de las euroórdenes y que Alemania pudiera seguir contando con ese instrumento jurídico de extradición entre países europeos.
De igual manera, los casos de Polonia y Hungría no son precisamente modelos a seguir. En Polonia, hubo una polémica reforma en 2016 que perpetró la aberración de unificar los cargos de Ministro de Justicia y Fiscal General. En Hungría, el Fiscal General tiene un control casi absoluto sobre toda la estructura del Ministerio Público.
Por tanto, no es cierto que esta reforma nos homologue a nuestros socios: es verdad que en la mayoría de los países la instrucción la ejerce la Fiscalía, pero aquellos en los que el sistema funciona tienen un Ministerio Fiscal independiente. Por el contrario, aquellos en los que hay control político tienen serios problemas que son agravados al tener dicha institución esta atribución. Es más, uno de los argumentos que dio Bélgica para no entregarnos a Puigdemont fue la politización de la justicia española, por lo que politizarla aún más no nos va acercar a Europa.
Por todo lo expuesto, no es admisible darle a la Fiscalía la instrucción y el control de la Policía Judicial sin antes una profunda reforma que la despolitice, ya que corremos el gran peligro de que el Gobierno ejerza su influencia para que no se investiguen sus corruptelas.
En un país en el que los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el PSOE se han arrogado de funciones constitucionales que no les corresponden para perdonar a los condenados de los ERE y han aniquilado el principio de legalidad para aprobar la amnistía, imagínense qué haría una Fiscalía que pudiese controlar a la UCO.
Esta es la última carta en la baraja de Pedro Sánchez, la varita mágica que puede conseguir que no salgan más casos de corrupción relacionados con su partido. Urge una respuesta ciudadana a la altura de las circunstancias para parar este golpe definitivo contra el Estado de Derecho. Esta no es sólo una reforma: es el truco final del mago. Sólo que esta vez, el conejo desaparece… y con él, la democracia.