Aunque el Gobierno y sus medios afines traten de defender que las gestiones de Begoña Gómez al frente de la cátedra de la Complutense tuvieron un carácter inocuo, lo cierto es que las empresas recomendadas por la mujer del presidente del Gobierno, especialmente las de su amigo y financiador, Juan Carlos Barrabés, escalaron exponencialmente su facturación a la administración pública española tras obtener su apoyo. No cabe hablar en este caso de una circunstancia casual, sino de un cúmulo de decisiones cuestionables en un asunto que ya está en manos de la Fiscalía Europea y que agrava, sin duda alguna, la situación judicial de la mujer del presidente.
Bruselas ha puesto el foco en las "declaraciones de interés" firmadas por la esposa del presidente del Gobierno y, sobre todo, en los procesos de adjudicación de las licitaciones a las que concurrieron las empresas favorecidas por Begoña Gómez. En un informe de más de 300 páginas redactado a instancias de los fiscales europeos (los de España se limitan a torpedear las investigaciones sobre la familia del presidente), la Intervención General del Estado recoge una serie de graves anomalías en los contratos de la empresa pública Red.es, que habrían sido adjudicados a las compañías de Barrabés en fraude de ley.
El documento considera que hubo "una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica" al tenerse en cuenta en las ofertas presentadas por Barrabés las "cartas de apoyo", puesto que este elemento no figuraba en los pliegos y, al evaluarlo, se perjudicó al resto de licitadores "a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente" la puntuación. La consecuencia de este trato privilegiado fue un aumento exponencial en el volumen de negocio de las empresas del financiador de la cátedra de Begoña Gómez, que pasó de facturar al Estado 88.000 euros en 2020 a más de 12,5 millones al año siguiente, un aumento del 14.000% en tan solo un ejercicio.
La Fiscalía Europea ha pedido al Tribunal Supremo español que le informe "sin dilación" de todos los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo investigados en las causas que afectan al PSOE, para determinar si se han visto afectados los fondos europeos. De ser así, el escándalo de la corrupción del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez llegaría a las instituciones judiciales europeas, cuya Fiscalía, a diferencia de la que preside en España García Ortiz, parece dispuesta a llegar hasta el fondo de uno de los casos de corrupción más graves de Europa en los últimos tiempos.