Mucho se ha escrito -y con sobrados motivos para ello- de la repugnante campaña de desacreditación contra los altos mandos de la UCO de la Guardia Civil que tiene de protagonista a la "fontanera" del PSOE, Leyre Díez. Sin embargo, poco se ha hablado de algo tanto o más bochornoso y denunciable como es la escandalosa desprotección e indefensión a las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, somete a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Hace unos días se hicieron públicas las conclusiones del informe de los eurodiputados que realizaron una misión en el Campo de Gibraltar a raíz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2024 que señalan claramente la conveniencia de recuperar unidades de lucha contra el narcotráfico como la OCON-Sur, asombrosamente disuelta por el ministro a pesar de sus magníficos logros en la lucha contra el narcotráfico. Además de reclamar "financiación suficiente, más personal estable y unos mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo", el informe de la Comisión Europea directamente acusaba al ministro de "obstaculizar" la investigación al dar orden de retirar la Zodiac en la que iban a bordo los agentes del Instituto Armado durante la operación de detención de los narcotraficantes en Barbate.
Pues bien. Este martes, tras limitarse a descalificar el informe de la Comisión Europea, Marlaska se permitía mentir en el Senado afirmando que si "esa lancha, esa patrullera, no estaba en el lugar donde estaba (el puerto de Barbate) era por decisión de las familias de las víctimas". Y decimos que el ministro mintió, porque una verdad a medias es la peor de las mentiras y porque, si bien es cierto que la patrullera, manchada aun con la sangre de los dos agentes asesinados, permaneció 15 meses en el puerto, a la vista de todos los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil en la localidad gaditana, que pidieron su inmediata retirada, no menos cierto es que el ministro hizo caso omiso a esa petición de retirada hasta que se supo que la Comisión Europea iba a enviar a unos eurodiputados a investigar el criminal suceso. Así lo denuncian fuentes cercanas tanto a la policía y la guardia civil que denuncian que esa retirada no tuvo más objetivo que evitar que los eurodiputados analizaran la embarcación y recogieran sus conclusiones en el informe.
Lo que es un hecho, con absoluta independencia del ya de por sí grave embuste de Marlaska entorno a las razones de la retirada de la patrullera, es que el ministro no hace nada a pesar de las más de 17.000 agresiones que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado han padecido bajo su mandato, tal y como denunciaba recientemente ante los micrófonos de es.radio el secretario general de JUCIL (Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil). Esta es la hora en la que ni si quiera se ha hecho pública la intención del ministro de reinstaurar unidades como la OCON-Sur, tal y como desde hace años le vienen reclamando las asociaciones de la guardia Civil y el propio informe de la Comisión Europea, lo que alimenta la tesis según la cual ese desmantelamiento de la OCON-Sur pudo obedecer a los tejemanejes de nuestro gobierno con el de Marruecos, país cuyo gobierno hace pingües beneficios con el narcotráfico. ¿O vamos a creernos que es simplemente la incompetencia del ministro lo que, por ejemplo, permitía hace unos días a tres narcolanchas permanecer a resguardo del temporal Claudia junto al muelle de Barbate, es decir, en el mismo lugar en las que fueron asesinados los guardias civiles el año pasado?
Así se entiende el clamor contra el ministro de policías y guardias civiles que se han concentrado este miércoles frente al Congreso para denunciar la "desprotección" del Gobierno. Y es que, sea por incompetencia, sea por plegarse a razones inconfesables, Fernando Grande Marlaska hace tiempo que debería haber dimitido como ministro del Interior.