Nada más salir el fallo del Tribunal Supremo que condenó al ya exfiscal general, la célebre abogada Lupe Sánchez escribió en su perfil en "X" que en los siguientes días veríamos cosas que nos helarían la sangre. En mi opinión, pese a su certera premonición, ni ella misma era capaz de anticipar el grado de ferocidad con el que se ha vilipendiado a la Justicia.
Si algo ha puesto de manifiesto la condena a Álvaro García Ortiz es que lo único que separa a España de la tiranía es el coraje, la independencia y la determinación de un puñado de jueces y periodistas que no se dejan amedrentar. Es por ello por lo que el sanchismo ha soltado a sus perros de presa mediáticos para intentar despedazarlos.
Todo comenzó con la supuesta exclusiva presentada por El Diario en la que se decía que tres de los magistrados del Supremo que habían votado a favor de la condena habían estado en unos cursos pagados por una de las acusaciones días antes del fallo. La realidad es que se trataba de una formación que se lleva años celebrando en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la cual está fuera del régimen de incompatibilidades, y que además va destinada a los abogados del turno de oficio.
Tal y como dijo la periodista Elisa Beni, ¿qué persona de izquierdas puede estar en contra de que los mejores juristas del país formen a quienes van a defender a los ciudadanos más vulnerables? Para más inri, la susodicha fue despedida de manera fulminante por Ignacio Escolar al denunciar la pantomima que se había organizado. Es evidente que en el régimen actual ya no existen periodistas de izquierdas o de derechas, sino que la línea divisoria la han trazado entre sanchistas y no sanchistas.
Por otro lado, se filtró un audio del magistrado Andrés Martínez Arrieta cerrando su intervención diciendo "acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado", lo cual ha propiciado que los comunes le pongan una querella por revelación de secretos. ¿En qué cabeza puede caber que el magistrado reveló algo cuando no dijo el sentido de su voto ni aportó dato alguno sobre las deliberaciones que estaban teniendo lugar en esos días? Ni cotiza que esto no tiene recorrido jurídico alguno y que incluso se pueden estar jugando que les agraven las costas por mala fe y temeridad.
Pero el escarnio en contra de los magistrados no se ha quedado ahí y se ha publicado que Antonio Del Moral pertenece al Opus Dei, como si eso invalidara su profesionalidad por sí mismo. ¿Se les ha olvidado que en España existe el derecho a la libertad religiosa consagrado en la Constitución? Es kafkiano que los mismos que defienden con tanto ahínco a los musulmanes ahora pretendan invalidar una de las mayores eminencias de este país en Derecho Penal por sus creencias.
Además, han arremetido contra él por haber dirigido la tesis del novio de Ayuso y del abogado de una de las acusaciones. Lo cierto es que la ley indica que los jueces sólo deben recusarse cuando existan intereses compartidos, una amistad íntima o una enemistad manifiesta, lo que no es aplicable en modo alguno en este caso. Si los jueces tuvieran que abstenerse por causas tan peregrinas, la administración de justicia sería impracticable.
Lo que el equipo de opinión sincronizada no dice es que fueron estos tres magistrados los que ratificaron en 2020 la sentencia de la Gürtel que condenó al PP y que sirvió como justificación de la moción de censura. Yo lo llamo la independencia de Schrödinger: para ellos, cuando los jueces condenan a sus enemigos políticos son independientes y cuando lo hacen con sus aliados son parte de la fachoesfera que está dando un golpe en contra del Gobierno.
Y lo mejor de todo es que estos hechos han transcurrido mientras se nombraba como nueva fiscal general a Teresa Peramato, una señora que ha llegado hasta ahí siendo ascendida por Dolores Delgado y por el propio García Ortiz y cuyo principal mérito es haber defendido la ley sueltavioladores de Irene Montero afirmando "que tenía muchísimas cosas buenas".
El resumen de todo lo que está pasando es que el régimen está usando las interacciones normales que se producen entre personas que trabajan en el mundo jurídico, las cuales habían ocurrido siempre, y las están exponiendo a través de un relato que lanza un manto de sospecha sobre todo aquel que ose contrariar sus intereses. La cuestión es que, les guste o no, los límites de esas interacciones están perfectamente regulados y ninguno se ha traspasado.
Lo ocurrido esta semana no ha sido un episodio más, sino un síntoma. Los regímenes que empiezan atacando a los jueces siempre terminan atacando a los ciudadanos: hoy intentan amordazar al Poder Judicial, pero mañana intentarán convencernos de que la ley es aquello que ellos digan que es. En esa deriva, conviene recordar que cuando el poder teme a los contrapoderes es cuando los ciudadanos debemos empezar a temer al poder.